1.1 Identidad, alteridad, conflict - Cecyte

en 90 días, después de las sesiones legislativas actuales, que se realizarán en
las próximas semanas. Brewer consideró que la ley ''protege a todos los
ciudadanos de Arizona''. La amplia legislación convertirá en un delito estatal el
encontrarse ilegalmente en el país. También obligará a los agentes policiales a
interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la
sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.
Obama advirtió en Washington que la medida podría violar los derechos civiles
de la gente, y ha instruido al Departamento de Justicia a analizar la medida
para determinar si es legal. Pero los comentarios del mandatario no
convencieron a la gobernadora republicana del estado para vetar lo que sería
la ley más intransigente del país contra la inmigración ilegal. Obama sostuvo
que el gobierno federal debe reformar las normas de inmigración nacionales,
caso contrario dejará la puerta abierta a la ''irresponsabilidad ajena''.
''Esto incluye, por ejemplo, gestiones recientes en Arizona que amenazan con
socavar los conceptos fundamentales de equidad tan caros para los
estadounidenses, así como la confianza entre la policía y las comunidades que
es crucial para brindarnos seguridad'', dijo Obama. Brewer tenía un día más
para decidir qué hacer con el proyecto de ley. Sin embargo, decidió no
esperar. El plazo del sábado para la gobernadora republicana fue establecido
el lunes cuando el proyecto de ley llegó a su despacho. La mandataria estatal
podía firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma. Los
defensores de los derechos humanos dicen que la ley conduciría a la
individuación racial y disuadiría a los hispanos a denunciar delitos. Cientos de
hispanos protestaron el jueves frente al Capitolio estatal. El patrocinador del
proyecto, el senador republicano Russell Pearce, dijo que liberaría a los
policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los
indocumentados.
Arizona tiene unos 460 mil inmigrantes ilegales y es el cruce fronterizo más
activo de la nación. Otras disposiciones del proyecto permitirían demandas
contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes
de inmigración, y haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o
transportarlos a sabiendas. Brewer enfrenta una disputada elección primaria
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