Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

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Tercer Informe de Actividades de la Comisión para la Defensa
de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca
aprecia que haya sido directamente dirigido a ellos, sí afectó su salud al estar junto con una
persona a la que le fue aplicado dicho gas.
Así pues, no obstante que el artículo 2° Constitucional reconoce que la nación mexicana tiene una
composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que el Estado
Mexicano haya adoptado el contenido del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 8° se
establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e
instituciones propias, lo cual se refrenda en el artículo 29 de la Ley de Derechos de los Pueblos y
Comunidades Indígenas; debe decirse que tal circunstancia se aplica siempre y cuando dichas
costumbres e instituciones no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por
el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, lo cual
en este caso no sucede, pues como quedó acreditado, sí existieron violaciones a los derechos
humanos de los agraviados, conforme los preceptos legales ya citados y diversos Instrumentos
Internacionales, como es el caso de la Convención Sobre los Derechos del Niño, y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por otra parte, el actuar del Síndico y Presidente Municipales de San Agustín Yatareni, Oaxaca,
también fue contrario a derecho, pues al negarse el primero de los referidos servidores públicos a
entregar a los menores retenidos, dejó de observar lo dispuesto por los artículos 26 y 61 de la Ley
de Justicia para Adolescentes del Estado de Oaxaca, ya citados con anterioridad, además de lo
que estipula el artículo 51, fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, pues como
representante jurídico del municipio, a falta de Agente del Ministerio Público, le correspondía
realizar las primeras diligencias de averiguación previa, y remitirlas al Agente del Ministerio
Público correspondiente; sin embargo, contrario a ello, se negó a poner a disposición del Agente
del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes a los menores retenidos, y ni
siquiera ante la presencia del Subprocurador Especializado en Justicia para Adolescentes, quien
se constituyó en esa población, fue posible que la autoridad municipal entregara a los agraviados
a la autoridad correspondiente, circunstancia que denota la total falta de colaboración y respeto
hacia las instituciones legalmente establecidas; sin que pase desapercibido el hecho de que,
como fue señalado por el personal actuante de este Organismo, al igual que algunos de los
topiles de la población, éste servidor público presentaba notorio aliento alcohólico.
Lo mismo sucede con el Presidente Municipal, pues lejos de ejercer su función de representante
del municipio que le confiere el artículo 48 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, lo que
le obliga a cumplir y hacer cumplir en el municipio la citada Ley, las Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones de orden municipal, estatal y federal, se limitó a referir que no podría atender el
asunto, por no encontrarse en horas de oficina al entrevistarse con el Sub Procurador
Especializado en Justicia para Adolescentes, personal de esa Subprocuraduría, y el Visitador
Adjunto de esta Comisión, y que si así lo consideraban, podría atenderlos a las diez horas de ese
mismo día, ya que la autoridad municipal no devengaba sueldo alguno; por lo que debe decirse
que su conducta refleja también una falta de sensibilidad y responsabilidad con el encargo que le
fue conferido por su comunidad, y que él aceptó desempeñar, comprometiéndose así desde el
momento en que le fue tomada la protesta a que se refiere el artículo 128 de nuestra Carta
Magna a guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Por lo que, bajo estas
circunstancias, el proceder del Síndico y Presidente Municipales de San Agustín Yatareni,
Oaxaca, muy probablemente es constitutivo de responsabilidad administrativa, de acuerdo con lo
previsto por el artículo 56 fracciones I, VI y XXX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; así también, muy probablemente la
conducta desplegada por el Síndico Municipal también es constitutiva de responsabilidad penal,
en términos de las fracciones XI, XIII, XIX y XXXI artículo 208 del Código Penal para el Estado de
Oaxaca.
Mención especial merece el hecho de que el Presidente Municipal se niegue a colaborar con esta
Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones, ya que como se desprende de autos, al