Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

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Tercer Informe de Actividades de la Comisión para la Defensa
de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca
Valoración:
Pedro Pochutla, Oaxaca, por un grupo de aproximadamente sesenta personas, entre las que
se encontraba en Síndico Procurador y el Comandante de la Policía Municipal de dicha
localidad, ocasionando además diversos daños a los bienes propiedad del referido quejoso.
Ante tales hechos, al acreditarse violaciones a derechos humanos, el veintiuno de julio de dos
mil nueve, este Organismo dirigió al Presidente Municipal de San Pedro Pochutla, Oaxaca, una
Propuesta de Conciliación, a fin de que girara las instrucciones correspondientes para que se
iniciara y concluyera procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del Síndico
Procurador y Comandante de la Policía Municipal, así como elementos a su mando, por el
ejercicio indebido de la función pública en que incurrieron de acuerdo a los hechos estudiados;
así como para que girara instrucciones a dichos servidores públicos a fin de que en lo sucesivo
evitaran la comisión de conductas que vulneraran derechos fundamentales; y finalmente, para
que se impartiera un curso sobre derechos humanos a los elementos de la Policía Municipal de
esa localidad.
No obstante, a la fecha, únicamente se informó sobre el cumplimiento del curso de
capacitación, sin que se haya dado cumplimiento a los restantes puntos conciliatorios, sin que
se hubiese determinado sobre la responsabilidad administrativa cometida por los referidos
servidores públicos, y como consecuencia, tampoco se han resarcido los daños sufridos por el
quejoso con motivo del desalojo de que fue objeto.
Quedaron acreditadas las violaciones a los derechos humanos del quejoso, con base en las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, se entra al estudio de la participación que el Presidente Municipal de San
Pedro Pochutla, Oaxaca pudo tener en los hechos reclamados; respecto de lo cual se tiene
que, de las evidencias que pudieron recabarse, no se acredita fehacientemente que dicho
funcionario haya participado en los hechos violatorios de derechos humanos de que se duele el
quejoso, toda vez que éste al rendir su informe negó su participación; y de las declaraciones de
los testigos Santa Elena Gabriel Carmona, Cristina Velásquez Sánchez, Juan Gabriel
Carmona, Víctor Alcaraz Medina, Eliecer Hernández Reynaga, Joselito Ulloa Toledo, Arturo
Velásquez Sánchez, Irma Soledad Peralta Vásquez e Israel Matus Carmona, que obran en
autos, únicamente se desprende de lo dicho por la primera ateste, que el hermano del
Presidente, quien se encontraba presente cuando sucedieron los hechos, llamó vía celular
pidiendo camiones del municipio para sacar las cosas de su hermano, sin que se mencione a
quién llamó. Por su parte la segunda ateste refirió al respecto que el Síndico Municipal habló
por teléfono, oyendo que decía: “Presi, ya estamos aquí, que hago, no se preocupe, los volteos
estarán en unos segundos, yo me encargo del corte”; sin embargo, debe señalarse que ningún
otro testigo corrobora tal circunstancia, por lo que no puede dársele valor probatorio al presente
testimonio al no estar adminiculado con otros medios probatorios que a la luz de la lógica, la
experiencia y el derecho provoquen convicción en este Organismo para tener por ciertos tales
hechos. El tercero de los testigos señaló que, el ciudadano Argeo Ricardez, vía telefónica
informaba a su hermano el Presidente Municipal de todo lo que iba ocurriendo, y que en una
fecha anterior escuchó en el Municipio que el Presidente Municipal le decía a Ignacio Aguilar
Pina que lo apoyaría para realizar el desalojo del día domingo; en relación con lo cual debe
decirse que no coincide con lo manifestado por los demás atestes, y lo argumentado en último
lugar no se encuentra corroborado con alguna otra prueba que refuerce su dicho, por lo que
conforme a las reglas de valoración de este Organismo no puede otorgarse el valor suficiente
para acreditar su dicho, en este sentido. Por su parte el ciudadano Víctor Alcaraz Medina
mencionó que el desalojo fue maquinado desde hacía varios años y al principio del mandato de
José Manuel, Tino Aguilar y el Síndico Procurador, quienes hacían reuniones incitando y
manipulando a la población para hacer el desalojo; sin embargo, nuevamente debe decirse que
tal circunstancia no está sustentada con algún otro medio probatorio que la haga creíble.