Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

comentando, entre otras obligaciones, tienen el deber de preservar la seguridad de las
personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas, así como preservar los derechos humanos;
sin embargo, lejos de ello, permitieron la realización de conductas contrarias a derecho, como
lo es el hecho de que los comuneros destruyeran la construcción que el quejoso tenía en el
predio de referencia, el cual si bien se encontraba en litigio, no se tenía la certeza de que fuera
propiedad del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Oaxaca; máxime si
se toma en consideración de que en asamblea general de comuneros celebrada el dieciocho
de mayo de dos mil ocho, se acordó que el asunto que nos ocupa se llevaría por la vía legal y
que lo acordado en dicha asamblea fuera ejecutado por el Comisariado en términos de los
artículos 27, fracción VII, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 32 de la Ley Agraria en vigor, preceptos que de ninguna manera establecen que
dicho órgano agrario esté facultado para desalojar arbitrariamente a persona alguna que sea
desconocida como comunero. Además, también dejaron de observar el artículo 1° del Código
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el cual establece que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que
les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos
ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
Así pues, no cabe duda que los actos arbitrarios cometidos por la autoridad responsable muy
probablemente propiciaron que el patrimonio del quejoso se viera afectado al ser desalojado
del predio en conflicto, por lo que, si bien es cierto que al resolverse la indagatoria
179/(SPPI)/2008 iniciada al respecto no se ejercitó acción penal al no haber comprobado el
quejoso la propiedad de los bienes que le fueron afectados, ello no implica que no hayan
sufrido diversos daños, como así se acredita para efectos del expediente que se resuelve, pues
como ya se mencionó, obran diversas fotografías y declaraciones de testigos que hacen
evidente tal circunstancia.
En tal virtud, conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley que rige a
este Organismo, en la presente resolución deben señalarse las medidas que procedan para la
efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, en su caso, para la
reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado; circunstancia que reiteran los
artículos 117, fracción VII, 126 y 133 del Reglamento Interno de esta Comisión, al referir que
cuando se determine que han existido violaciones manifiestas se procederá a solicitar la
consecuente reparación del daño de manera integral, abarcando todos los daños y perjuicios
sufridos por la víctima; estipulando el último de los citados preceptos reglamentarios, que el
Estado será subsidiariamente responsable del pago de la reparación del daño por las
violaciones a derechos humanos cometidas por sus servidores públicos.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado establecido que la
reparación del daño en casos de violación a los derechos humanos es de carácter
compensatorio o reparador, ya que no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables
de violaciones a los derechos, sino amparar a las víctimas y reparar los daños que les hayan
sido causados, lo que implica que la reparación por violación a los derechos es independiente
de la responsabilidad individual del servidor público involucrado. En ese tenor, al quedar
plenamente acreditadas en el presente caso las violaciones a derechos humanos cometidas
por servidores públicos del ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, es procedente que
se reparen los daños causados, siendo tal cuestión una obligación moral y legal que a ese
Ayuntamiento le resulta con relación a las conductas asumidas por dichos servidores públicos y
que contribuyeron a la afectación sufrida por el quejoso.
Ahora, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para
lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad profesional consiste en plantear la
reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, de conformidad con lo establecido en los
artículos 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1786, 1787 y 1800 del Código Civil vigente en nuestra Entidad Federativa; 96 fracción X de la
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, y los demás ordenamientos legales
que prevén la responsabilidad solidaria a cargo del Estado para subrogarse en las obligaciones
relativas a la reparación del daño exigible a sus servidores públicos; también lo es que, el
sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, con base en lo dispuesto por
el artículo 47 de la Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado
Libre y Soberano de Oaxaca, y los Instrumentos Internacionales citados en líneas anteriores,
contemplan la posibilidad de que, al acreditarse una violación a Derechos Humanos atribuida a
servidores públicos del Estado, entendiéndose en este caso como parte de él al municipio de
San Pedro Pochutla, Oaxaca, se cubra la indemnización correspondiente al quejoso con motivo
del desalojo de que fue objeto sin que se observaran las formalidades legales aplicables.
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