Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

Por otra parte, esta Comisión considera injustificable el hecho de que, el dieciocho de agosto de
dos mil diez, se haya autorizado verbalmente por parte del Gobierno del Estado un incremento
en la tarifa, sin que previamente los transportistas hayan cumplido con los compromisos
adquiridos mediante el acuerdo firmado el veinte de diciembre de dos mil siete, como así ha
quedado acreditado en párrafos anteriores; por lo que es necesario que todos los servidores
públicos de la Coordinación General del Transporte obren con la responsabilidad que su cargo
conlleva, y observen los principios de legalidad, lealtad, honradez, eficiencia, e imparcialidad a
que se refiere el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca, a fin de que cumplan con las funciones que tienen
encomendadas con la máxima diligencia, y se abstengan de cualquier acto u omisión que cause
la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo, a fin
de que los requisitos legales que deben reunir las unidades del transporte público de pasaje se
cumplan a cabalidad, o en su defecto, se proceda a iniciar los procedimientos pertinentes
conforme la normatividad de la materia para subsanar o sancionar las irregularidades
encontradas, y no siga propiciándose la impunidad ni el desorden en este sector, pues ello, se
reitera, perjudica gravemente a la población.
Por último, en atención a que de todas las irregularidades que ya fueron analizadas se
desprende que muy probablemente el Coordinador General del Transporte del Estado y demás
servidores públicos de esa Coordinación implicados en los hechos que nos ocupan, incurrieron
en responsabilidad administrativa, en términos del artículo 56, fracciones I, XXX y XXXV, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, este
Organismo solicitó nuevamente la colaboración de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno
del Estado, a efecto de que inicie y concluya procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra de los servidores públicos a que se hace referencia en este punto, por sus omisiones y
conductas analizadas en el presente documento, y en su caso, se les impongan las sanciones
correspondientes.
4. Relativo a los hechos imputados a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, los quejosos señalaron que existe dilación y omisión para investigar los homicidios
cometidos por conductores del transporte público, aduciendo que se han cometido violaciones a
los derechos humanos de Guillermina Maldonado, Simeón de Jesús García Sánchez, Margarita
Guadalupe García Valencia y de la sociedad oaxaqueña. En ese tenor; se advierte de las
evidencias recabadas, que se iniciaron las siguientes averiguaciones previas:
1. Averiguación Previa 1458(C.R.)2009, iniciada el diecisiete de octubre de dos mil nueve por el
homicidio culposo por tránsito de Simeón de Jesús García Sánchez, respecto de la cual se
advierte que han transcurrido más de diez meses desde su inicio, sin que hasta la fecha se haya
determinado conforme a derecho.
2. Indagatoria 286/C.D.A./2009 o 8141/(S.C)/2009, iniciada el veintinueve de septiembre de dos
mil nueve, por el homicidio culposo de Margarita García García, la cual se encuentra en
integración.
3. Averiguación previa 1391/(H.C.)/2009, iniciada con fecha catorce de octubre de dos mil nueve,
por el homicidio culposo de Guillermina Maldonado Martínez, radicada bajo el número
8636/(S.C.)/2009, la cual actualmente se encuentra en trámite.
4. Averiguación previa 1409/(C.R.)2009 o 8471(S.C.)2009, iniciada el ocho de octubre de dos mil
nueve, por el homicidio culposo de Felipa Calderón, la cual aún está en trámite.
5. Averiguación previa 1180(H.C.)2009 o 7653(S.C.)2009 iniciada el veintinueve de agosto de
dos mil nueve, por el homicidio culposo de Elver Martínez Hernández; respecto de la cual, el
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