Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

Valoración:
Quedaron acreditadas las violaciones a los derechos humanos a la legalidad y a la
seguridad jurídica, del agraviado; ello con base en las siguientes consideraciones:
De los artículos 14 y 23, primer párrafo, del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, se
desprende que la obligación fiscal nace cuando se realizan situaciones jurídicas o de
hecho previstas en ordenamientos fiscales, obligación que se extingue con el pago liso,
llano y en una sola exhibición de la cantidad debida.
En ese sentido, debemos decir que el pago supone el cumplimiento de una obligación,
misma que deriva de la existencia de una deuda, pero si esta no se acredita, no hay
razón jurídica para su cumplimiento, toda vez que se estaría en presencia de un pago
indebido, pues se estaría cumpliendo con una obligación que no existe.
Situación que aconteció en el presente caso, toda vez que el cuatro de noviembre de dos
mil nueve, el ciudadano Gregorio Sánchez Pérez, pagó la cantidad de seiscientos
cuarenta pesos por concepto de cancelación de las cuentas prediales 107143 y 107149,
ya que estas cuentas se encontraban registradas a su nombre amparando el inmueble
ubicado en calle Cinco, manzana 10, lote 24, Fraccionamiento “El Rosario”, San
Sebastián Tutla, Oaxaca, respecto del cual ya se encontraba registrada la cuenta predial
48623, pues el impetrante realizó su solicitud de trámite catastral para obtenerla; sin
embargo, sin que existiera constancia alguna que acreditara la apertura de las cuentas
prediales 107143 y 107149, tal y como lo manifestó la Directora General del Instituto
Catastral del Estado de Oaxaca, el quejoso tuvo que pagar la mencionada cantidad para
que las referidas cuentas fueran canceladas y solamente siguiera vigente para el pago
del impuesto predial la cuenta 48623.
De lo expuesto, podemos decir que la cuenta predial 48623 fue dada de alta en atención
a la solicitud de trámite catastral del quejoso, no así las cuentas 107143 y 107149, pues
respecto de éstas no existen las constancias que dieron lugar a su apertura y menos
aún, que el agraviado haya realizado algún trámite para obtenerlas, pues la responsable
en ningún momento le notificó las operaciones catastrales que hubiera realizado para
darlas de alta, tal y como lo dispone la fracción XXX, del artículo 17, de la Ley de
Catastro para el Estado de Oaxaca. En tal virtud, al no existir un registro que indicara
que el ciudadano Gregorio Sánchez Pérez solicitó la apertura de dichas cuentas
prediales, la responsable no debió cobrarle por la cancelación de las mismas, más aún,
cuando informó que no existían constancias de su apertura, pues esta circunstancia
indica que la autoridad responsable no tenía pruebas para determinar que el agraviado
era responsable del registro de dichas cuentas.
En tal virtud, al no existir una constancia que acreditara que el agraviado había solicitado
la apertura de las cuentas prediales, y por ende, que su registro fuera su
responsabilidad, la autoridad responsable debió iniciar la investigación correspondiente
para determinar quien o quienes fueron los responsables de su apertura, y así, realizar
las acciones que fueron procedentes al caso, toda vez que las autoridades fiscales
deben probar los hechos que motiven sus actos, tal y como lo establece el artículo 56,
del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Sin embargo, la responsable no realizó ninguna investigación, imputándole al quejoso la
apertura de las cuentas en comento, sin tomar en consideración que el Instituto Catastral
del Estado de Oaxaca, al ser el encargado de la integración y actualización permanente
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