Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

Respecto del testimonio de los ciudadanos Eliecer Hernández Reynaga y Joselito Ulloa Toledo,
es menester decir que no refieren circunstancia alguna atribuida al Presidente Municipal, pues
se limitan a decir que conocen al quejoso porque trabajaron juntos, y que en los hechos
participaron camiones del municipio, lo que no necesariamente implica que el Presidente
Municipal haya tenido intervención.
Tocante a los atestes Arturo Velásquez Sánchez, Irma Soledad Peralta Vásquez e Israel Matus
Carmona, también se advierte que únicamente refieren que, al parecer el Presidente Municipal
tenía conocimiento de los hechos, sin embargo mientras el primero dice que mediante el
celular del Síndico daba órdenes, el segundo dice que era el hermano del Presidente Municipal
quien continuamente llamaba por teléfono celular, al parecer a éste, y por su parte, el tercero
refirió que dicho funcionario daba órdenes por el celular de Raúl Cárdenas Muñoz, quien es
hijo del Síndico Municipal. De donde se tiene que no existe una afirmación clara de que
efectivamente el referido funcionario público haya dado órdenes o tuviera conocimiento de lo
que estaba sucediendo, y por otro lado, tampoco existe coincidencia en los testimonios
vertidos, como se infiere de la lectura del presente párrafo; por lo que ante tal circunstancia,
esta Comisión no puede tener por cierta la participación del Presidente Municipal en los hechos
que originaron el expediente que ahora se resuelve ya que no existen probanzas fehacientes
en ese sentido.
En segundo lugar, debe atenderse a que, a la fecha, no se ha dado cumplimiento total a la
Propuesta de Conciliación emitida desde el veintiuno de julio de dos mil nueve, misma que fue
aceptada por el Presidente Municipal Constitucional de San Pedro Pochutla, Oaxaca, el
veintiséis de noviembre de dicho año; ocasión en la que también informó que giró instrucciones
al contralor municipal de ese Ayuntamiento a efecto de que iniciara procedimiento
administrativo en contra de los servidores públicos involucrados, y que además ya les había
enviado el oficio con instrucciones para que se abstuvieran de realizar conductas que
vulneraran las garantías de la ciudadanía en general, sin embargo, no acreditó que se hayan
realizado tales diligencias. Así, se tiene que únicamente fue cumplido el tercer punto
conciliatorio, consistente en que se brindara un curso sobre derechos humanos, dirigido a los
elementos de la Policía Municipal del referido municipio, lo cual se realizó el ocho de marzo del
año en curso, por personal de la Secretaría Ejecutiva de este propio Organismo, quien impartió
un curso sobre el tema “Derechos y Deberes de todo Policía”, con lo cual se tuvo por
satisfecho el tercer punto conciliatorio.
En ese tenor, es inconcuso que no se han cumplido los restantes puntos conciliatorios
propuestos, a pesar de que han transcurrido más de once meses desde que fue aceptada la
respectiva propuesta de conciliación por el Presidente Municipal de San Pedro Pochutla,
Oaxaca. Cabe señalar al respecto, que la finalidad perseguida a través del procedimiento
conciliatorio, es que un asunto en el que se acreditó la existencia de violaciones a derechos
humanos, pueda ser resuelto en el menor tiempo posible, mediante el resarcimiento de los
derechos humanos violentados; sin embargo, el incumplimiento de la propuesta aceptada
denota la falta de voluntad de la autoridad responsable para ello, a pesar de que al aceptarla
adquirió el compromiso moral de cumplirla. Otro efecto que se deriva del incumplimiento de la
propuesta de conciliación de mérito, estriba en que los derechos fundamentales que fueron
violados sigan sin ser investigados a través del procedimiento de responsabilidad
correspondiente, lo cual muy probablemente propicia que las conductas desplegadas por los
servidores públicos implicados queden impunes, ante lo cual esta Comisión no puede dejar de
hacer el pronunciamiento respectivo, a fin de que se atienda tal situación.
En tercer lugar, tampoco puede dejar de atenderse el hecho de que, con motivo del desalojo de
que fue objeto el quejoso, su patrimonio sufrió una disminución tanto por la destrucción de las
construcciones existentes en el predio de referencia, como por el traslado de los bienes
1193
Anexos