Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

la deflagración de la pólvora, al efectuar disparos con arma de fuego, de lo que se coligue que
efectivamente los elementos de la policía municipal de San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca,
portaban armas de fuego que dispararon el día veintisiete de noviembre de dos mil nueve, en el
conflicto que se suscitó con los ciudadanos llamados inconformes, conducta con la que trasgredieron
los derechos humanos a la integridad y a la seguridad personal de Leónides Cruz Cruz, Martina García
Ramírez y Noé Juárez Cortés; lesiones que desde luego fueron ocasionadas por un uso excesivo de la
fuerza pública, las que además no son consistentes con mecanismos de disuasión, detención o
sometimiento.
Así pues, los elementos de la policía municipal de San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca, con la
conducta descrita en líneas que anteceden, faltaron a lo establecido en los artículos 16, primer párrafo;
19, último párrafo, y 21, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
imponen que nadie puede ser molestado en su persona, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento; que todo mal tratamiento en
la aprehensión, toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que serán corregidos por las
leyes y reprimidos por las autoridades, así como que la actuación de las instituciones policiales se
regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Asimismo, en aquellos casos en que los funcionarios o servidores públicos encargados de
hacer cumplir la ley hacen uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego transgreden los
derechos previstos en los tratados internacionales, como los mencionados en los artículos 6.1
y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 4, 5, 5.1, 5.2 y 7.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, en términos generales, señalan que
todas las personas tienen derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personal.
Además, los artículos 108 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca; 24 y 25 de la Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Oaxaca.
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1979,
y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, el 7 de septiembre de 1990, los cuales son guías de
actuación para los mencionados funcionarios.
En consecuencia, y atendiendo a los preceptos legales descritos con antelación, los
funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, que en el caso concreto
resultan ser elementos de la policía municipal de San Gabriel Mixtepec, Juquila, Oaxaca,
deben ser garantes de la seguridad pública, la cual tiene como fines salvaguardar la integridad
y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. De
tal forma que dichos servidores públicos tienen facultades para detener, registrar y asegurar,
así como usar la fuerza y las armas de fuego; sin embargo, su uso debe regirse por diversos
principios comunes y esenciales, que se encuentran consagrados en nuestra legislación, así
como en diversos instrumentos internacionales, pues en todo estado democrático y de derecho
debe encontrarse un equilibrio entre el interés del individuo en libertad frente a la interferencia
gubernamental, y el interés público colectivo en la prevención del delito y la aprehensión de
quien lo cometió, siendo que la obligación de salvaguardar el orden, la paz pública y los
Derechos Humanos, hoy por hoy se traduce en la imposición de determinadas formas de
actuar por parte de la autoridad, previstas en normas nacionales e internacionales.
Es importante aclarar que sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los
funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley existen principios
comunes y esenciales que rigen el uso de las mismas, como son la legalidad, la congruencia,
la oportunidad y la proporcionalidad.
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