Anexos - Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

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Tercer Informe de Actividades de la Comisión para la Defensa
de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca
muebles que también tenía en dicho lugar; circunstancia que ha quedado debidamente
acreditada en autos con base en las diversas evidencias recabadas por esta Comisión, entre
las que se encuentran las fotografías que el mismo quejoso exhibió, donde aparece el Síndico
Municipal dentro del predio en cuestión, así como dos camionetas blancas pertenecientes al
ayuntamiento de San Pedro Pochutla, Oaxaca, una sobre la calle con algunos objetos al
parecer de madera sobre su batea, una más con torreta y logotipo de la Policía Municipal, y
otra marca Nissan dentro del inmueble en cuestión; así como también se observa a un grupo
de personas, además de una construcción de madera y lámina, un baño de tabicón con un
tinaco encima, una revolvedora amarilla, una manguera negra gruesa, y otras cosas dentro de
lo que parece ser la caja de un camión; así también obra el acta circunstanciada levantada por
personal de este Organismo el cuatro de septiembre de dos mil ocho, en la que hizo constar
que en el predio de referencia se encontraba una retroexcavadora trabajando, así como
escombros de una casa habitación de madera, la construcción de una barda y cerca, un baño
de material de concreto, troncos de árboles cortados, madera en buen estado, y un portón de
fierro. Aunado a lo anterior, también constan los testimonios de los ciudadanos Santa Elena
Gabriel Carmona, Cristina Velásquez Sánchez, Juan Gabriel Carmona y Víctor Alcaraz Medina,
quienes fueron coincidentes al referir que entre quienes encabezaban al grupo de personas
que desalojaron el inmueble que nos ocupa se encontraba el Síndico Municipal y el Presidente
del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Pochutla, Oaxaca.
Lo anterior se refuerza con lo manifestado por los propios testigos de descargo en la
indagatoria 179/(SPPI)/2008, iniciada por los hechos que nos ocupan, de cuyas declaraciones
se desprende que los ciudadanos Galet Jarquín Cruz y Alfonso Pacheco López, refirieron, el
primero, que el seis de julio de dos mil ocho, un grupo de comuneros se introdujo en el predio
que tenía en posesión el quejoso, entre quienes se encontraban el Síndico Municipal y el
representante del Comisariado de Bienes Comunales, y además observó que algunas cosas se
subieron a unas camionetas que llevaba la Policía Municipal, sin saber a dónde las llevaron;
mientras que el segundo manifestó que las autoridades municipales, los comuneros y el
Síndico de San Pedro Pochutla, Oaxaca, entraron a desalojar el predio de referencia, en el cual
el quejoso tenía una casita de lámina, que las autoridades y comuneros derribaron, y que
también se percató de que fueron los policías municipales quienes sacaron a Domingo de su
casa, lo cual pudo ver porque vive cerca de ese lugar.
En ese tenor, se advierte claramente que hubo violación a los derechos humanos del quejoso,
toda vez que el Síndico Municipal no tenía facultad o atribución alguna que le permitiera
legalmente tomar parte en el desalojo de que fue víctima el quejoso, como así se corrobora con
lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, en cuyas
fracciones se establecen las facultades y obligaciones de dicho servidor público, pero ninguna
de ellas se refiere a que puedan intervenir en asuntos de carácter agrario o que pueda brindar
seguridad o auxilio a las personas, como lo refirió éste al rendir su informe, y en todo caso, en
su función de auxiliar del Ministerio Público, que le otorga la fracción IV del artículo en cita,
debió practicar las primeras diligencias de averiguación previa al observar que se estaba
cometiendo un delito; y por ende, su actuar se torna arbitrario, y además se traduce en una
inobservancia a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
rigen el servicio público, contemplados por el artículo 56, fracciones I, XXX y XXXV de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
Por lo que, atendiendo a lo antes argumentado, es procedente solicitar la colaboración del
Honorable Congreso del Estado, a fin de que inicie y concluya procedimiento administrativo de
responsabilidad al ciudadano Leonardo Cárdenas Salinas, Síndico Procurador Municipal de
San Pedro Pochutla, Oaxaca, a fin de determinar y sancionar en su caso, la responsabilidad
administrativa que le pueda resultar, con base en los hechos a que se refiere la presente
resolución.
Ahora, con relación a los elementos de la Policía Municipal que estuvieron presentes al
momento en que sucedieron los hechos en estudio, debe decirse que también incurrieron en
responsabilidad administrativa en términos del artículo 56 de la Ley de Responsabilidades
citada en párrafos precedentes, pues de acuerdo con el numeral 108 de la Ley que se viene