Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
"Lo que es importante es que en la práctica internacional no hay ningún ejemplo conocido
de que un Estado que haya adherido al Protocolo empiece a ver cómo terceros Estados se
apoyan en este hecho para entrar a reconocer como beligerantes a grupos subversivos que
operen en el territorio del primero. Es más, con o sin el Protocolo II, el reconocimiento de
la beligerancia se puede producir en cualquier momento, sin importar si el Estado en el
cual operan dichos grupos es o no parte en dicho instrumento.
Dada la evolución del Derecho Internacional a este respecto, si uno o varios Estados
perciben en un momento dado que está dentro de sus intereses estratégicos o políticos
reconocer a un grupo guerrillero operando en otro Estado, son libres de hacerlo en
cualquier momento, asumiendo las consecuencias que ello generaría en sus relaciones con
el Estado territorial. De otra parte, vale la pena resaltar que el objetivo principal del
Protocolo II es proteger a las víctimas del conflicto, limitando los excesos de quienes
participan directamente en las hostilidades."Exposición de motivos al proyecto de ley por
medio del cual se aprueba el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin
carácter internacional" en Gaceta del Congreso. No 123/94, 17 de agosto de 1994, p 7. "
16- Lo anterior no quiere decir que el derecho humanitario no tenga ningún efecto sobre la
concepción de la soberanía puesto que, como bien lo señala el Ministerio Público, estas
normas presuponen un cambio de perspectiva de la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
En efecto, en la medida en que las partes enfrentadas en un conflicto armado ven limitados
los medios legítimos de combate, en función de la protección de la persona humana, esto
implica que la soberanía ya no es una atribución absoluta del Estado frente a sus súbditos, ni
una relación vertical entre el gobernante y el gobernado, pues las atribuciones estatales se
encuentran relativizadas y limitadas por los derechos de las personas. Esto significa que se
sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin límites, propia de los regímenes
absolutistas, según la cual el príncipe o soberano no está atado por ninguna ley (Princips
Legibus solutus est), por una concepción relativa de la misma, según la cual las atribuciones
del gobernante encuentran límites en los derechos de las personas. Pero este cambio de
concepción de soberanía en manera alguna vulnera la Carta pues armoniza perfectamente con
los principios y valores de la Constitución. En efecto, esta concepción corresponde más a la
idea de un Estado social de derecho fundado en la soberanía del pueblo y en la primacía de
los derechos inalienables de la persona (CP arts 1º, 3º y 5º).
17- De otro lado, el artículo 3º común señala que las partes en conflicto podrán realizar
acuerdos especiales con el fin de vigorizar la aplicación de las normas humanitarias. Tales
acuerdos no son, en sentido estricto, tratados, puesto que no se establecen entre sujetos de
derecho internacional público sino entre las partes enfrentadas en un conflicto interno, esto es,
entre sujetos de derecho internacional humanitario. Además, la validez jurídica de las normas
humanitarias no depende de la existencia o no de tales acuerdos. Sin embargo, tales acuerdos
responden a una pretensión política perfectamente razonable, puesto que la vigencia práctica
y efectiva del derecho internacional humanitario depende, en gran medida, de que exista una
voluntad y un compromiso reales de las partes por respetarlo. Esto no significa obviamente
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