Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

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de la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP arts 1º y 5º). Existe entonces
una perfecta coincidencia de finalidades entre la Constitución colombiana y el tratado bajo
revisión, pues es indudable que la identidad que deriva de la dignidad humana debe
prevalecer sobre las diferencias que enfrentan a los combatientes
20- La perspectiva de la humanización de la guerra no significa, en manera alguna, que el
Protocolo II esté legitimando la existencia de los conflictos armados internos o el recurso a los
instrumentos bélicos por grupos armados irregulares, como equivocadamente lo sostiene uno
de los intervinientes. En efecto, como ya se señaló en esta sentencia, la aplicación del derecho
internacional humanitario no menoscaba la responsabilidad del Gobierno de preservar el orden
público, por lo cual se mantiene el deber del Estado colombiano, y en particular de la Fuerza
Pública, de garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y asegurar la paz (CP
Preámbulo y arts 2º y 22). Al respecto esta Corporación ya había señalado:
"La organización política tiene como fin primordial la convivencia pacífica. La paz fue
uno de los principales fines buscados en el nuevo consenso social, al punto de ser llamado
ese cuerpo " la Constituyente de la paz". (Intervención del constituyente Misael Pastrana
Borrero ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente).
La convivencia pacífica es un fin básico del Estado (CP art. 2) y el móvil último de la
actividad militar de las fuerzas del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto
del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los
derechos fundamentales. El lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional llevó
a su consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento (CP art. 22Sentencia
T-539/92. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.."
Ahora bien, desde una perspectiva constitucional, la paz no debe ser entendida como la
ausencia de conflictos sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. Ya esta
Corporación había señalado que no debe ser la pretensión del Estado social de derecho negar
la presencia de los conflictos, ya que éstos son inevitables la vida en sociedad. Lo que sí
puede y debe hacer el Estado es "proporcionales cauces institucionales adecuados, ya que la
función del régimen constitucional no es suprimir el conflicto -inmanente a la vida en
sociedad- sino regularlo, para que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera pacífica
y democráticaSentencia C-573/94 del 27 de octubre de 1994. M.P Alejandro Martínez
Caballero.. Por consiguiente, en relación con los conflictos armados, el primer deber del
Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan
que los diversos conflictos sociales tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica
resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el orden público y
garantizar la convivencia pacífica.
Una vez ocurrido un conflicto, la humanización de la guerra no descarga tampoco al Estado
de su responsabilidad de restablecer el orden público, para lo cual cuenta con todos los
recursos jurídicos proporcionados por el ordenamiento, puesto que, como se señaló
anteriormente en esta sentencia, la aplicación del derecho internacional humanitario no
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