Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
torturas, las mutilaciones o los tratos crueles y degradantes. Esta conclusión no sólo deriva de
la importancia de estos valores en la Constitución colombiana y en el derecho internacional
humanitario sino que, además, coincide con lo prescrito por otros instrumentos internacionales
en la materia que obligan al Estado colombiano. Así lo consagra, por ejemplo, la "Convención
contra la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes" de las Naciones
Unidas, la cual fue suscrita por nuestro país el 10 de abril de 1985, aprobada por la Ley 70 de
1986, ratificada el 8 de diciembre de 1987 y, por ende, en vigor para Colombia desde el 7 de
enero de 1988. El artículo 2º ordinal 3º de esta Convención, la cual prevalece en el orden
interno, puesto que reconoce derechos que no pueden ser suspendidos en los estados de
excepción (CP art. 93), establece inequívocamente que "no podrá invocarse una orden de un
funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura".
37- El numeral 3º del artículo 4º del tratado bajo revisión confiere un tratamiento privilegiado
a los niños, con el fin de darles el cuidado y la ayuda que éstos necesitan, sobre todo en
relación con la educación y la unidad familiar. Igualmente se señala que los menores de 15
años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en
las hostilidades. La Corte considera que esa protección especial a los niños armoniza
plenamente con la Constitución, puesto que no sólo ellos se encuentran en situación de
debilidad manifiesta (CP art. 13) frente a los conflictos armados sino que, además, la Carta
confiere prevalencia a los derechos de los niños (CP art. 44). Por ello esta Corporación ya
había señalado que, conforme a las normas humanitarias y a la Convención de los derechos
del niño, las partes en conflicto deben abstenerse de reclutar a menoresde quince añoVer
sentencia C-511/94. MP Fabio Morón Díaz. .
La protección a las personas privadas de libertad y las garantías penales.
38- El artículo 5º también establece unas protecciones suplementarias para aquellas personas
que estén privadas de la libertad o ésta se encuentre restringida por motivos relacionados con
el conflicto armado. Así, el ordinal primero establece obligaciones mínimas en relación con la
atención médica, la alimentación, el agua, la salubridad, las convicciones religiosas y la
igualdad en el trabajo. Por su parte, las obligaciones del ordinal segundo están dirigidas a los
responsables del internamiento, quienes deben aplicarlas dentro de los límites de su
competencia y en la medida de sus posibilidades. La Corte considera que estas obligaciones
suplementarias impuestas a las partes en conflicto son no sólo perfectamente razonables sino
que constituyen una protección especial de la dignidad y la integridad de quienes, por las
restricciones a su libertad, se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta. Son pues
disposiciones que armonizan perfectamente con la Constitución.
39- El artículo 6º se aplica al enjuiciamiento y a la sanción de las infracciones penales
cometidas en relación con el conflicto armado, y consagra unas garantías con el fin de
asegurar la independencia e imparcialidad de los tribunales que impongan las penas. La norma
establece el principio de la legalidad del delito, la pena y el proceso, así como la regla de
favorabilidad en materia criminal; igualmente consagra la presunción de inocencia, el principio
de responsabilidad individual y una serie de garantías para el ejercicio del derecho de defensa,
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