Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
enfermos y náufragos a fin de protegerlos y asegurarles la asistencia necesaria (art. 8º).
Deberán entonces ser tratados humanamente y recibir, en toda la medida de lo posible y en el
plazo más breve, los cuidados médicos que exija su situación (art. 7º).
Estas normas de asistencia humanitaria a los heridos, enfermos y náufragos implican
obviamente la concesión de garantías e inmunidades a las personas encargadas de llevar a
cabo tales tareas, razón por la cual el Protocolo II protege al personal sanitario y religioso (art.
9º), así como a la actividad médica (art. 10) y a las unidades y medios de transporte sanitario
(arts 11 y 12), los cuales deberán ser respetados en todo momento por las partes enfrentadas.
33- La Corte Constitucional considera que las anteriores normas destinadas a proteger a la
población civil, a los combatientes desarmados, así como a los heridos, enfermos y náufragos,
armonizan plenamente con la Constitución, y en particular con la protección de la vida, la
dignidad y la libertad de las personas (CP arts 1º, 2º y 11º), valores que aparecen como uno
de los fundamentos esenciales del Estado colombiano. Ya esta Corporación había establecido
que "independientemente de la situación jurídica de normalidad o anormalidad política, la
sociedad civil víctima de la confrontación armada debe ser protegida por parte del
Estado.Sentencia T-439/92..
En el caso colombiano, además, la aplicación de esas reglas por las partes en conflicto se
revela particularmente imperiosa e importante, puesto que el conflicto armado que vive el país
ha afectado de manera grave a la población civil, como lo demuestran, por ejemplo, los
alarmantes datos sobre desplazamiento forzado de personas incorporados a este expediente.
En efecto, la Corte no puede ignorar que, según las estadísticas aportadas por el Episcopado
Colombiano, más de medio millón de colombianos han sido desplazadas de sus hogares por
razones de violencia y que, según esta investigación, la principal causa del desplazamiento
tiene que ver con las violaciones al derecho internacional humanitario asociadas al conflicto
armado interno.
34- En ese orden de ideas, la Corte no comparte el argumento, bastante confuso, de uno de
los intervinientes, para quien la protección a la población civil es inconstitucional, por cuanto
los combatientes podrían utilizar a esta población como escudo, con lo cual la expondrían "a
sufrir las consecuencias del enfrentamiento". Por el contrario, la Corte considera que, como
consecuencia obligada del principio de distinción, las partes en conflicto no pueden utilizar y
poner en riesgo a la población civil para obtener ventajas militares, puesto que ello contradice
su obligación de brindar una protección general a la población civil y dirigir sus operaciones de
guerra exclusivamente contra objetivos militares.
Además, la simulación del estatuto de población civil para herir, matar o capturar al adversario
constituye un acto de perfidia que se encuentra proscrito por las reglas del derecho
internacional humanitario, tal y como lo señala con claridad el artículo 37 del Protocolo I. Es
cierto que el Protocolo II no prohíbe explícitamente a las partes enfrentadas este tipo de
conductas pero, como ya se señaló anteriormente en esta sentencia, ello no significa que estén
autorizadas, por cuanto este tratado debe ser interpretado en armonía con el conjunto de
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