codigo de procedimientos penales 30-07-13 - H. Congreso del ...

Cuando la urgencia del caso lo requiera, el cateo podrá practicarse a cualquier hora, debiendo
expresarse esta circunstancia en el mandamiento judicial respectivo.
Artículo 344. Recolección de indicios
Al practicarse un cateo se recogerán, conforme a la cadena de custodia, los indicios que fueren
conducentes al éxito de la investigación.
Se formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el delito que motive el cateo,
observándose en este caso lo relativo a la cadena de custodia.
Artículo 345. Descubrimiento de un delito diverso
Si durante la práctica de la diligencia de cateo se descubrieren indicios que permitan inferir la
existencia de un hecho punible distinto del que dio origen al procedimiento en el que se ordenó
el cateo, previa orden judicial, se asegurará todo objeto o documento que se relacione con el
nuevo delito y, observándose lo relativo a la cadena de custodia, se registrará en el acta
respectiva y se hará del conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 346. Intervención de las comunicaciones privadas
Cuando en una investigación existan datos que hagan presumir que una persona cometió o
participó en la comisión de un delito y el Ministerio Público considere necesaria la intervención
de sus comunicaciones privadas, solicitará autorización por escrito o por cualquier medio
informático al juez federal de control competente, expresando el objeto y necesidad de la
intervención.
El juez federal resolverá sobre el pedimento, en los términos establecidos en la ley aplicable.
De negarse el pedimento, el Ministerio Público podrá hacer valer el recurso correspondiente
previsto en dicha ley.
La policía facultada para la ejecución será responsable de que la misma se realice en los
términos de la autorización judicial y podrá participar perito calificado en caso de ser necesario.
Artículo 347. Requisitos de la solicitud
La solicitud de intervención deberá contener los preceptos legales en que se funda y precisar lo
siguiente:
I. La necesidad y el objeto de la intervención;
II.
III.
IV.
Los hechos, las circunstancias y los demás elementos que se pretendan probar;
Los indicios que hagan presumir fundadamente que la persona cuya comunicación
privada se pretende intervenir está vinculada con el delito o los delitos que se
investigan;
El tipo de comunicación privada que se considera conveniente intervenir;
V. La ubicación del lugar o la identificación del medio en el que habrá de llevarse a
cabo la intervención;
VI.
VII.
VIII.
La duración de la intervención;
El procedimiento y los equipos para la intervención; y
La identificación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través
del cual se realiza la comunicación objeto de la intervención.
El plazo de la intervención, incluidas sus prórrogas no podrá exceder de seis meses. Después
de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el Ministerio Público
acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.