Revista Pesca Mayo 2015

CHI y CHD y los pescadores artesanales concierten con
el Estado en temas básicos como una adecuada normatividad
para la extracción destinada al CHD, entre otros.
La labor del Estado debería ser la creación del hábito de
consumo de anchoveta través de acciones que creen la
demanda.
La industria no tiene estímulos para atender un mercado
nacional que de inicio será pequeño e incipiente, pero
sí puede estimular la creación de micro empresas
que puedan ir atendiendo una demanda cada vez más
creciente. Este podría ser un mecanismo innovador si se
diseñan mecanismos que permitan que estos mercados
convivan sin entorpecerse. Con el tiempo, las fuerzas
del mercado actuarán solas y la oferta y la demanda
encontrarán su equilibrio.
Mientras no se aborden estos temas colaterales, hablar
de la anchoveta como solución para los problemas alimentarios
nacionales no es nada más que un declaración
lírica de buenos deseos.
Es importante tomar en cuenta que aunque el Perú tiene
una participación importante en la explotación de
recursos pesqueros a nivel mundial, esta no aporta los
beneficios que merece la población peruana. El hecho
es que, en nuestro país, una parte considerable de la
población continúa con bajos niveles de consumo y de
acceso a los alimentos, con la consecuente persistencia
de niveles de desnutrición.
La desnutrición que azota a la sociedad peruana de menores
ingresos poco o nada tiene que ver con la escasez
de productos alimenticios, porque no tenemos escasez.
Lo que tenemos es una inadecuada distribución de los
recursos.
Es imposible negar esta realidad, menos aún ante una
de las características más espeluznantes de la estructura
pesquera nacional: la coexistencia del hambre con la
exportación de nuestros productos alimenticios hidrobiológicos.
No se debe llevar la extracción de nuestros recursos
pesqueros a límites peligrosos para la sostenibilidad del
ecosistema, para atender necesidades de alimentos para
otros países mientras nuestra población sufre carencias
poniendo en riesgo el futuro de nuestras generaciones
venideras. No se puede abandonar el mercado interno
con el argumento de que la exportación trae divisas
(que no son propiedad del Estado sino del exportador)
mientras simultáneamente la industria no contribuye
con tributos apropiados; no prioriza la alimentación
nacional y no protege la fuente de alimentos marinos
para las futuras generaciones de peruanos. Pero la pelea
no aporta soluciones, mientras que la conversación
en búsqueda de mecanismos que creen un nuevo escenario
ofrece esperanzas.
La desnutrición crónica es un indicador que tiene frenado
al país y que mientras no se resuelva no permitirá el
crecimiento nacional con equidad e inclusión.
Nuestra única posibilidad está en nuestras generaciones
futuras, y ello lleva implícita la mejor alimentación posible.
Generaciones bien alimentadas, bien educadas y bien
entrenadas son nuestra única posibilidad y defensa contra
la incertidumbre del futuro de la economía globalizada.
El modelo vigente se da el lujo de exportar sus recursos
naturales alimentarios mientras posee un índice
de desnutrición del 24% como promedio nacional.
Se debería ponerse especial énfasis en la educación e
información para las poblaciones costeras y comunidades
de pescadores a fin de que estas tomen conciencia
de la realidad de la pesquería. De esta forma constituirán
un defensa natural de su propio ecosistema y
contra la desinformación proveniente de grupos o de
medios que por desconocimiento o interés siempre pretenden
anteponer intereses de parte sobre el interés
colectivo.
Se impone enfocar una nueva estrategia que consiste
en llevar la actividad pesquera artesanal a convertirse
en un negocio más rentable con el objeto de que oriente
su producción y distribución hacia el interior del país.
El Estado no está interviniendo nada más que dando el
marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control
biológico y de protección. Las medidas comúnmente
aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño
mínimo, control de artes y sistemas de pesca,
etc. El objetivo de este ordenamiento es la preservación
de las especies más explotadas, restringiendo la presión
sobre su biomasa en etapas críticas. Pero la regulación
pesquera vigente no considera aspectos de inclusión
social ni de alimentación nacional. Aparentemente la
tesis peruana es que la seguridad alimentaria no necesita
(y por tanto no existe) una política pesquera, pues el
mercado se hace o debería hacerse cargo de ella.
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