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Marítimo
Sin embargo, hasta la fecha, muchos
de los administradores o directores de dicha
instancia son personas que, si bien, pueden
haberse formado dentro de la estructura
administrativa y después haber ascendido
por méritos propios, hay infinidad que llegan
por un premio de “consolación política”, sostiene
el director de Ingeniería, Operación y
Equipos Especializados (Inopesa), Héctor
López Gutiérrez.
Alberto Azcona coincide, pero va más allá
y propone que los directores de las APIs sean
profesionales seleccionados por los privados, en
función de un proyecto y estrategia de desarrollo
que se vaya a implementar en el puerto.
“En ese sentido, los particulares o los
privados van a seleccionar a aquellos profesionales
más adecuados en función del proyecto
que se necesita hacer”, indica.
León Fregoso Cañedo, presidente de la
ATOP, advierte que sino se le da continuidad al
nombramiento de un profesional en la administración
de los puertos podría generar mayores
problemas a largo plazo. “Las APIs deben contar
con gente preparada para administrarlas, y que
no sean de esos que sólo tengan que venir según
el coordinador en turno, que tengan continuidad
como en la mayoría de los puertos del mundo”.
Hay quienes piensan, incluso, que la
siguiente etapa de la reforma portuaria deberá
incluir como tema prioritario la profesionalización
de los directivos de las APIs, a través
de la modificación a la Ley de Puertos.
Las APIs deben redefinir sus políticas,
a través del abatimiento de la rotación del
personal y menor “politización” en los cargos,
asegurando un perfil para directores generales
y gerentes, considera Ángel González Rul.
La Ley de Puertos establece en su
Artículo 39 que la “Administración Portuaria
Integral, así como su titular, será autónoma
en su gestión operativa y financiera, por lo
que sus órganos de gobierno establecerán
sus políticas y normas internas, sin más limitaciones
que las que establezcan las disposiciones
legales y administrativas aplicables”.
Pero, la misma legislación no establece
que esa autonomía será aplicada por un
profesional sino simplemente por el director
de API en turno.
“Eso le ha generado al coordinador
general de Puertos y Marina Mercante en
turno, un conflicto de intereses, que es bastante
serio, porque por una parte es autoridad
y por otro es el presidente del Consejo de las
Administraciones Portuarias, entonces es juez
y parte. Ese es un conflicto que se debía resolver
en la reforma portuaria, estamos a 20 años
de su promulgación”, apunta Alberto Azcona.
En México sólo existe una API considerada
como privada, Acapulco. Dicha transición
fue un proceso de venta accionaria, pero
como se plantea, en un futuro deberá ser a
través de concurso garantizando las mejores
condiciones para el Estado, mediante un plan
de negocio de mediano y largo plazo que se
comprometa el particular a realizar.
“En realidad, no veo tanto problema a
que entren los particulares sino que estén
perfectamente regulados y que el gobierno,
evidentemente, sea escrupuloso sobre la
supervisión y el control del desarrollo del proyecto
que estará determinado en el título de
concesión”, concluye Azcona Gallardo.
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