REAL DECRETO 1629/1991, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR ... - Procesa

artículo 41.1. de este Reglamento para el ejercicio del derecho de adquisición por
la Administración, con indicación de los bienes concretos susceptibles de ser
adquiridos y del nombre, domicilio y demás circunstancias personales de los
adquirentes.
2ª. Dentro del mes siguiente a la recepción de estas relaciones, el Delegado de
Hacienda o el órgano correspondiente en la Comunidad Autónoma, previo
informe del Servicio Jurídico, propondrá al Centro Directivo encargado de la
gestión del Impuesto, los bienes sobre los que proceda ejercitar el derecho de
adquisición, relacionados por órden de importancia según su valor comprobado.
3ª. Recibida la propuesta en el Centro Directivo, este recabará informe sobre
las disponibilidades presupuestarias para atender a los gastos de la adquisición y,
a la vista de este informe, comunicará al órgano proponente los bienes sobre los
que debe ejercitarse el derecho de adquisición. Estas actuaciones deberán estar
ultimadas de tal modo que la comunicación a los Delegados de Hacienda o a los
órganos respectivos de las Comunidades Autónomas sea realizada dentro del
tercer mes siguiente a la fecha en que las liquidaciones a que se refiere la regla 1ª
hubiesen quedado firmes.
4ª. Recibida la comunicación por el Delegado de Hacienda u órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma, lo comunicará a los interesados,
concediéndoles el plazo de un mes para formular las alegaciones que estimen
convenientes a su derecho. Al mismo tiempo, dará traslado a los Registros de la
Propiedad, Mercantil o de la Propiedad Industrial para que hagan constar,
mediante nota, que el bien o derecho se encuentra sometido al ejercicio del
derecho de aquisición por la Administración. Ultimado, el expediente, se elevará
de nuevo al Centro Directivo que, a la vista de las actuaciones practicadas,
propondrá al Ministro de Economía y Hacienda, o al órgano correspondiente de
la Comunidad Autónoma, la resolución que deba dictarse.
La nota de afección a que se refiere el párrafo anterior caducará a los dos
años de su fecha.
5ª. La Orden del Ministro de Economía y Hacienda, o la resolución del
órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, se notificará a los interesados y
será susceptible de impugnación en la vía contencioso-administrativa, previa
interposición del recurso de reposición a que se refiere la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPITULO VI
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