REVISTA PESCA AGOSTO 2017

EL FUNDAMENTO DE LA
GESTION PESQUERA EN
PERU
La administración y regulación de las pesquerías es una
atribución del Gobierno, sea nacional o regional en función
de sus competencias. No es una tarea sencilla. El
sector pesquero es complicado, tiene muchas variables
y se confrontan muchos intereses así como necesidades
particulares, locales y nacionales. Implica muchas disciplinas,
no solo la ingeniería pesquera sino también la
biología, sociología y economía, entre otras.
Lo que todos los ciudadanos deben conocer es que, antes
de entrar en la temática de administración y regulación
propiamente dichas, se debe tener muy claro el
marco legal macro. El mandato de la Constitución Política
es inviolable y debe considerarse antes de promover
o promulgar leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas.
El espíritu de esta norma debe ser estrictamente respetado
por cuanto constituye la máxima ley, la ley fundamental
y la de mayor jerarquía. En ella se establecen
los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura
y organización del Estado y bajo sus lineamientos
se aprueban las demás normas que rigen la vida del
país. El cumplimiento de las normas que se encuentran
dentro de la Constitución Política es lo que hace posible
que una Nación pueda vivir con bienestar y paz, por ello
la importancia de que estas normas sean cumplidas por
todos: gobernantes y gobernados.
Para efectos de la administración pesquera, particularmente
debe tenerse en cuenta los siguientes artículos:
Artículo 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos
están al servicio de la Nación.
Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente
Artículo 54°.- El territorio del Estado es inalienable e inviolable.
Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo,
y el espacio aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado
comprende el mar adyacente a sus costas, así como su
lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas
medidas desde las líneas de base que establece la ley. En
su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción,
sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional,
de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por
el Estado.
Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en
una economía social de mercado.
Artículo 60°.- El Estado reconoce el pluralismo económico.
La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas
formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por
ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés
público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad
empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento
legal.
Artículo 66°.- Los recursos naturales, renovables y no renovables,
son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano
en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones
de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha
norma legal.
Artículo 67°.- El Estado determina la política nacional del
ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.
La normatividad que rige el sistema de administración,
regulación y control de la pesca en el país tiene que tener
en cuenta, por mandato constitucional, que los recursos
pesqueros le pertenecen a toda la Nación y no a
un grupo de ciudadanos o empresas por el solo hecho
de desarrollar actividad en el sector. El Estado los entrega
en concesión, de acuerdo a la normatividad vigente.
Revista Pesca Agosto 2017 62