REVISTA PESCA AGOSTO 2017

El usufructo de los mismos se hace bajo condiciones
que establece la regulación que se aplique a cada especie,
la cual debe encontrar el justo equilibrio entre las
necesidades del país y las del sector privado. Esto no es
discrecional, es imperativo. La Constitución nos da los
recursos naturales como patrimonio a todos los peruanos.
En consecuencia, merecemos participar de la rentabilidad
y beneficios que genere su explotación. Es
nuestro derecho.
El Estado establece las reglas para su manejo y debe
hacerlo ajustándose al mandato constitucional en la forma
más eficiente y eficaz posible. El actual modelo, sesgado
hacia el mercado y la exportación, presume que
las pesquerías solamente son sistemas económicos con
todo lo que ello implica en una economía liberal. Minimiza
la importancia que la proteína de origen hidrobiológico
tiene para el mercado peruano y su contribución a la
alimentación nacional.
Nadie puede exigir, pedir, solicitar ni reclamar la absoluta
libertad de manejo de estos recursos. El Estado está
obligado a fijar los parámetros que marquen la forma
en la cual serán beneficiados “todos los ciudadanos”
a través de la actividad de extracción y procesamiento.
Más allá de su uso sostenible, está el factor del beneficio
que genera la actividad pesquera, el cual tiene que
alcanzar a todos. Por eso y para ello, el funcionario
público está al servicio de la Nación y no solamente del
administrado del sector.
En diciembre de 2016, la Jefa de Políticas de Programas
del Programa Mundial de Alimentos puso de relieve la
importancia de formar alianzas con el sector privado
para combatir el hambre en el país y vincular la labor
social de las empresas con los objetivos y estrategias
del Estado. Expresó que es importante cómo el Gobierno
ha colocado el enfoque de la lucha contra la anemia
y desnutrición crónica infantil en el centro de su agenda,
como una prioridad y que es trascendente que lo
mantenga así en los próximos cinco años.
Los pescadores artesanales, los empresarios y los trabajadores
de la industria no son los propietarios de los
recursos pesqueros, sino la Nación. Es obligación del
Estado regular las condiciones de las concesiones que
otorga, priorizando el interés nacional y no los intereses
de parte. El bien común de las mayorías peruanas necesitadas
de proteína que puede provenir de la pesca, se
antepone a las necesidades e intereses de los administrados.
La libertad de comercio y de mercado empieza después
de haber cumplido con satisfacer las necesidades y derechos
de la Nación, o sea de todos los ciudadanos. El
liberalismo económico, constitucionalmente hablando,
no entrega en propiedad los recursos pesqueros a quienes
obtienen concesiones para su explotación.
Aparentemente la inadecuada comprensión del mandato
constitucional ha generado la errónea percepción de
que existen propietarios de los recursos pesqueros, o
que unos tienen más derechos que otros a su explotación.
La verdad es que no es así. El único propietario es
la Nación, o sea todos los ciudadanos peruanos.
En dicho contexto es necesaria mayor presencia de la
pesquería peruana en la lucha contra la anemia y la
desnutrición. En el escenario actual las fuerzas del mercado
no están atendiendo a las necesidades de proteína
de una parte importante de la población, por la razón
que fuese. Dado que el Estado no puede cumplir su rol
subsidiario sin una ley, lo cual resulta complicado en
términos prácticos, se impone evaluar mecanismos de
intervención que permitan el acceso de esos sectores
poblacionales al consumo de productos hidrobiológicos.
Denomino un nuevo modelo de gestión, al marco formado
por una doctrina pesquera nacional, en la cual el
Estado interviene como regulador y representante de
los legítimos propietarios de los recursos naturales que
legisle, norme y regule en beneficio del bien común, de
las mayorías nacionales.
Debe situarse como objetivo prioritario, la obtención de
una producción estable, con el mínimo impacto sobre el
medio marino y que tiene como público objetivo principal
al ciudadano peruano, en especial al más necesitado
de proteína en su dieta. No se puede subordinar tácita
o explícitamente el interés público al interés privado. El
concepto de Nación y de Estado implica la subordina-
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