REVISTA PESCA AGOSTO 2017

ción de los intereses privados al interés nacional, dentro
de un marco legal constituido.
La función pública es servir al pueblo peruano, a la sociedad
peruana, la cual es propietaria de los recursos
hidrobiológicos y no a intereses de parte ni extranjeros.
Los recursos pesqueros no pueden ni deben estar expuestos,
no solo al agotamiento, sino tampoco a una
indebida utilización cuando alimentan a otros países, sin
atender primero la alimentación nacional. Alimentar al
Perú primero y después al mundo, debe ser la orientación
de una doctrina pesquera nacional.
La ciudadanía, con su indiferencia y desinterés por los
temas del mar y de la pesca, se convierte en cómplice
silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros,
de la contaminación que la industria genera, de una inequitativa
participación en la renta que generan sus recursos
pesqueros, así como de su escasez en los mercados
populares y sus altos precios.
La actividad pesquera no debe causar pérdidas a la sociedad
(contaminación, destrucción de ecosistemas,
pérdida de recursos) y debe generar ingresos para la
administración, que cede la explotación de un recurso
público a un sector de la sociedad, a cambio de un pago
justo que permita a los ciudadanos participar en la renta
de esta actividad.
La lógica del industrial y del empresario es hacer dinero,
lo que es correcto y lícito. La lógica del Estado debe ser
participar en la renta del negocio para redistribuirla entre
los dueños del recurso, que es la materia prima del
mismo.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras,
cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la
contribución de la industria pesquera? ¿En cuánto ha
contribuido a mejorar la alimentación de los sectores
más vulnerables? Probablemente algo haya surgido si
revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero,
pero ¿en la proporción justa? Hoy se ve menos
pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o
más que el pollo, con algunas excepciones estacionales.
La conversión de naturaleza en dinero, ha significado
que el sector pesquero encare riesgos y problemas como
la sobreexplotación, la sobrecapitalización, la pesca
ilegal y la discriminación de mercados que establece
incentivos a la exportación y no a la venta interna, desde
la óptica del ciudadano peruano perjudicado, relegado
y subestimado.
La frase “calidad de exportación” debiera ser reemplazada
por “calidad Perú”, o “calidad peruana”, en clara
muestra de que el ciudadano de este país no es menos
que el del exterior. Con ambos mercados en igualdad
de condiciones, la libre decisión del empresario para
atender a uno u otro será éticamente correcta y juzgada
en perspectiva por los consumidores.
La atención de las poblaciones que pese a ello no fuesen
atendidas por la empresa privada, deberán ser consideradas
a través de programas sociales, en función de
la focalización y priorización que debe hacerse. Lo que
no significa crear empresas públicas, sino atender una
demanda social.
Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la
pesquería, pero no a costa del Estado ni de los ciudadanos,
sino respetando lo que dice la Constitución Política,
que no es discrecional o sujeta a consideraciones o intereses
de coyuntura. Es un mandato que no admite ser
refutado, salvo que se le cambie por otra carta magna.
Es la esencia del sistema. Irrespetar este documento
nos haría vivir en una mentira democrática.
He descrito la situación ideal, la que debería ser.
Hasta ahora, pareciera que el futuro de la pesca en el
Perú será decidido en los próximos años por la política y
la necesidad económica, no por la conveniencia científica
ni la necesidad alimentaria de la población nacional.
Elaborado por:
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca
Revista Pesca Agosto 2017 64