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OPINIÓN
Fiscal lo ha estado desarrollando desde 1882 estará en
peligro, aunque a nadie parece importarle esto. Aparte
de que al día de hoy, el sistema técnicamente no parece
viable, entre otros motivos por la diversidad de sistemas
informáticos existentes en las diferentes Comunidades
Autónomas.
Alternativas a la instrucción judicial: el fiscal.
Desde que se implantara la reforma procesal en 1882 y
hasta nuestros días siempre que se ha planteado una
alternativa al juez instructor se ha pensado en el fiscal.
Antes de analizar esta alternativa si queremos dejar ya
sentado, que dudamos que actualmente este el Fiscal
en condiciones de poder asumir la instrucción penal
y afrontar los retos de la delincuencia del siglo XXI, y
como antes hemos apuntado no lo es por la falta de capacidad
de la plantilla de fiscales.
Volviendo a los orígenes, tenemos la fundada convicción
que cuando se diseño el proceso penal se le atribuyó
al fiscal un importante papel en el mismo, por lo
que no sería exagerado hablar de una cierta bicefalia
en su dirección. No obstante, la evolución posterior
supuso que el fiscal adoptara durante la instrucción
penal un papel de cierta pasividad. En este sentido ya
un Fiscal General del Estado del siglo XXI, manifestó en
más de una ocasión que quería abandonar la idea del
fiscal de mesa camilla, expresión bien
ilustrativa.
A
partir de los
años 90 del siglo
XX, la postura del
fiscal en la instrucción
penal empieza a
cambiar, pasando a
ser sujeto activo
del mismo
A partir de los años 90 del siglo XX,
la postura del fiscal en la instrucción
penal empieza a cambiar, pasando a
ser sujeto activo del mismo. Buen exponente
de ello, son las comparecencias
de prisión, los juicios rápidos y la especialización
que ya se impone en el siglo
siguiente, el cual comienza asumiendo
el fiscal la instrucción para la exigencia
de responsabilidad penal a personas
menores de 18 años. Hoy día es ya
impensable la instrucción de determinadas
causas complejas, voluminosas o específicas,
como en delitos de corrupción política o urbanismo sin
una activa presencia del fiscal.
Por tanto su participación activa en la instrucción
penal ya no le es ajena el fiscal, lo que unido a que es
el modelo que se impone en los países europeos, el más
respetuoso con la Constitución Española -al juez solo le
asigna la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgado-
hace que se del presupuestos suficientes para que el
fiscal asuma la instrucción.
Sin embargo, pese a ello, no tenemos claro que se le
daba dar al fiscal la instrucción y más si además de ello
queremos que el sistema funcione. Y ello por distintas
razones, algunas como: por la falta de medios personales
y materiales; por la falta de una clara voluntad política
de implantar con garantías este sistema y por el
gran desprestigio que el Ministerio Fiscal tiene por una
permanente manipulación tanto por agentes externos
como internos de como este ejercita sus funciones, muchas
veces por desconocimiento y las más por intencionalidad,
con decir que el fiscal depende del gobierno,
automáticamente descartamos una alternativa a la
instrucción judicial que se ha impuesto en los países
europeos donde el fiscal no goza de más autonomía que
en España o se obvia la existencia de mecanismos en
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que incluso
se pueden incrementar para garantizar que la postura
del fiscal se base en la legalidad y la imparcialidad.;
Conclusión
La conclusión no puede ser esperanzadora, no vemos
que el barco enderece el rumbo, el atento e instruido
lector habrá caído en que solo nos hemos limitado a
esbozar algunas de las quiebras existentes, sin profundizar
ni ampliar, razones de espacio lo justifican. Pero
que el actual sistema de instrucción penal no funciona
es ya un secreto a voces.
El pasado día 12 de mayo en la clausura de la 1ª Jornadas
sobre: “Justicia y Servicios Públicos”, celebradas
en Huélala-Overa, el propio presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ponía de manifiesto la
difícil situación en la que se encuentra el proceso penal
español. Y lo peor y esto en cosecha nuestra es que no
vemos ni en instancias del ámbito del poder judicial ni
del legislativo la voluntad de poner fin a estas disfunciones,
de crear una instrucción penal más ágil y eficiente,
para que en definitiva se vuelva
a la letra y el espíritu de la decimonónica
LECRI, cuando en su exposición de
motivos establece: “El juicio Verdadero
no comienza sino con la calificación y
la apertura de los debates delante del
Tribunal.”
En definitiva reducir el ámbito de
la instrucción penal al mínimo imprescindible;
recoger en la misma solo lo
que sea útil y pertinente a los fines de
la misma, que no son otros que determinar
si existen unos mínimos indicios
de criminalidad que justifican la
celebración del Juicio Oral; dar entrada en el proceso
como se viene haciendo desde el primer momento a
investigados y acusaciones, pero dejar el principio de
contradicción para cuando verdaderamente tiene sentido,
que es el Juicio Oral, pues Juicio solo puede existir
uno y no muchos como hasta ahora; posibilitar que la
instrucción o investigación penal en causas complejas
o especificas la asuman quien en mejor condición este,
con independencia del lugar de comisión de los delitos;
sistemas que den estabilidad y continuidad al instructor-investigador
y muchas más.
Para terminar esperemos que al igual que el legislador
de 1882 asumió el reto histórico de cambiar radicalmente
el proceso penal, sobre todo en la fase de enjuiciamiento,
que el actual legislador asuma también
ese reto y cambie el modelo del proceso penal, ahora en
la Instrucción penal, pues de lo contrario el barco estará
cada día más hundido, aunque eso si, como en todo
naufragio que hay supervivientes, en este caso sucederá
que muchos hechos delictivos quedarán impunes. n
14 Sala de Togas · Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería Julio 2017