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Subordinación y autonomía en el trabajo profesional · FONDO JURÍDICO
do el contrato de servicios normado al que se refiere el
artículo 12 de la LETA. Afirma el Supremo 46 que es, precisamente,
la existencia de los elementos materiales de
la relación y no la formalidad en cuanto a la existencia
o no del contrato, lo que determina la presencia de dicha
relación de trabajo parasubordinado 47 . Por el contrario,
no se exige por la LETA la formalización por escrito del
contrato, sino que únicamente será requisito esencial su
registro a efecto de prueba de la relación profesional entre
el TRADE y su cliente 48 . Sin embargo, sí será indispensable
y requisito “ad solemnitatem” la comunicación de la
situación de dependencia económica al cliente (Artículo
2.2. del RD 197/2009).
Al margen de estas ideas generales, el RD 197/2009
recoge al menos cinco argumentos concretos, que permiten
sustentar o fundamentar la noción “ad probatiomen”
de trabajo en régimen de dependencia económica: a) El
contrato entre el TRADE y su cliente deberá inscribirse
ante las oficinas del Servicio Público de empleo Estatal,
debiendo entregarse una copia básica del mismo al
trabajador (artículo 8.3 del ET); b) no se especifican los
requisitos constitutivos y diferenciadores que habrá de
reunir el contrato para la realización de una actividad
profesional (pues se garantiza la plena libertad contractual
-art. 8.1 del ET-), a fin de acogerse al manto protector
que establece la LETA. Ella genera serias dudas de legalidad,
de ahí que se reclame por parte de la doctrina científica
el establecimiento de nuevos requisitos 49 . Y es que,
únicamente, se habla de la mera comunicación al cliente
(artículo 2.2 del RD 197/2009); c) la declaración formal
o escrita de la condición de TRADE no implicará su reconocimiento
como tal, por lo que no será vinculante. En
este sentido, el artículo 2.3 del RD de 2009 prevé que el
cliente pueda solicitar al TRADE el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el artículo 1.1. cuando hayan
transcurrido, al menos, seis meses desde la firma del contrato.
De modo que se trata de evitar un posible fraude de
ley o “nomen iuris” para designar una relación inexistente
con el cliente. Igualmente, desaparecerá la condición
de TRADE cuando concurra una novación contractual
que determine la pérdida del requisito de dependencia;
d) se permite a los contratantes mantener los términos
del contrato cuando los requisitos de dependencia económica
se produzcan de manera sobrevenida (artículo
12.3 de la LETA). Ahora bien, si se producen discrepancias
deberá ser la jurisdicción social la responsable de
46 STS de 12 de junio de 2012 (Rec. 260/2011).
47 Esta interpretación es no sólo la más acorde con el principio general de
libertad de forma que recoge el art. 1278 del Código Civil, sino también (y
esto es lo verdaderamente importante) con el mismo espíritu protector que
constituye la razón de ser de la Ley 20/2007.
48 El requisito del artículo 12.2 ha de entenderse como requisito “ad probationem”
y no “ad solemnitatem”, tal y como se pretende en ocasiones por
la parte empresarial a fin de evitar la consideración de una relación como
de TRADE.
49 Galiana Moreno, J.Mª y Selma Penalva, A, “El trabajo autónomo dependiente
dos años después de la aprobación del Estatuto del Trabajador
Autónomo. Aportaciones prácticas del RD 197/2009 que desarrolla la Ley
20/2007”, 315. Estos autores interpretan que, la razón por la que no se incluyen
nuevos requisitos, tiene su base en la idea de que no pierda eficacia los
mecanismos protectores que recoge la LETA.
resolver las controversias, debiendo el trabajador autónomo
adaptar sus cotizaciones sociales a las exigencias
que establece la Ley 20/2007 50 . La ley prevé, en este punto,
una presunción “iuris tantum” a favor del trabajador,
de tal modo que cuando el contrato se haya formalizado
por escrito -con declaración expresa de los contratantes
del régimen de dependencia económica- y se encuentre
inscrito en la oficina pública correspondiente se presumirá
la condición de TRADE (Art. 12.1 de la LETA, el cual
se encuentra desarrollado por los artículos 4 y 6 del RD
de 2009).
2.3. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS ECONÓMICAMENTE
DEPENDIENTES EN ESPAÑA: DOS REALIDADES
CON CAMINOS DIFERENCIADOS
Uno de los fenómenos más importantes que se ha producido
durante la segunda mitad del siglo XX ha sido la
masiva incorporación de la mujer al mercado laboral. En
España su participación se ha ido incrementado, poco a
poco, hasta pasar a ocupar el 53,3% de los puestos de trabajo.
No obstante y a pesar de los esfuerzos legislativos
que la Comunidad ha realizado en las últimas décadas
sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres, las diferencias
entre ambos sexos se mantienen en todos los
Estados europeos como un problema latente 51 .
En toda la Unión Europea, así como en España, la
participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha
experimentado una paulatina expansión a partir de mediados
de los años ochenta. Principalmente, las razones
de este importante impulso se ha debido a los profundos
cambios sociológicos y económicos gestados en las últimas
décadas, lo cual se ha visto al tiempo favorecida
por los avances políticos y legislativos en el terreno de la
igualdad y la no discriminación. Sin embargo, pese a los
avances habidos en estos años, este proceso se enfrenta
a múltiples obstáculos que frenan un cambio estructural
en la participación laboral de las mujeres y que, por consiguiente,
impiden una participación más igualitaria de
mujeres y hombres en el trabajo remunerado 52 . Desgraciadamente,
este hecho se acentúan aun más cuando se
trata de mujeres que tratan de acceder al autoempleo. Y
es que, ya sea por una falta de información o por la persistencia
de una discriminación sociolaboral de género,
lo cierto es que a día de hoy hay pocas mujeres que pueden
acceder a la condición de TRADE.
En el diagnóstico y en el análisis de las políticas ten-
50 El TRADE habrá de cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos
por incapacidad temporal (IT) derivada de contingencias comunes
y, además, tendrá cubierta obligatoriamente la protección por contingencias
profesionales a través de una Mutua (accidente de trabajo y enfermedad profesional).
51 La Constitución Española establece, con carácter general, en sus artículos
14 y 35 el principio de no discriminación. Ver Coves, A.M, Corominas,
a, Lusa, A y Martínez, C, “La valoración de puestos de trabajo y la discriminación
retributiva”, II Jornadas de Discriminación salarial. El derecho
a trabajar en igualdad (Córdoba, 2002), 3 -5.
52 En este sentido, el programa de trabajo del «Compromiso estratégico
para la igualdad de género» para el período 2016-2019 se adoptó en diciembre
de 2015 y refleja el compromiso de la Comisión de intensificar sus
actividades en el ámbito de la igualdad de género.
Julio 2017 Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería · Sala de Togas
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