Ideas-para-el-Debate-N--3-Reforma-Constitucional

- 7Por eso es lícito preguntarse: ¿es necesario reemplazar la Constitución vigente o basta con reformarla enaquellos puntos sobre los que exista consenso?, ¿cuál es la base objetiva para argumentar su total sustitución?Desde la ciencia económica, cualquier análisis indicaría que los principios constitutivos del orden públicoeconómico vigente –es decir, aquellos principios y normas que han organizado la economía de nuestro país–han contribuido a que en las últimas tres décadas hayamos vivido un período de mejoría significativa en lacalidad de vida de los chilenos, sus familias y una reducción de la pobreza sin precedentes en nuestra historia.De acuerdo a lo señalado por la doctrina jurídica, los principios que conforman el Orden Público Económicoo lo que se conoce también como la “arquitectura de la Constitución Económica” son: la primacía de la personahumana, sujeto superior y anterior al Estado; el derecho a la libre contratación; el derecho a desarrollarcualquier actividad económica lícita, lo que otorga protección al emprendimiento privado; el reforzamientodel derecho de propiedad y, en especial, el de propiedad incorporal sobre los contratos aun con las limitacionesque impone la función social; las normas sobre el Estado Empresario; la igualdad ante la ley; la igualdad antelos tributos y la libertad de asociación.Es factible señalar, además, otros cuatro principios que han sido claves para el orden público económicoen nuestro país: el reconocimiento constitucional otorgado al Banco Central, que ha logrado dotarlo de unaautonomía efectiva; las normas sobre endeudamiento público, incluidas las referidas a las empresas públicas;la normativa vigente sobre la negociación colectiva y, en especial, la imposibilidad de negociar por rama deactividad económica, y las disposiciones sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República en ciertasmaterias legales de carácter económico.Respecto al último de estos elementos, cabe señalar que constituye un elemento crucial en el manejode los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo, en vista de la restricción que establece a la iniciativaparlamentaria en materia de impuestos o gastos públicos. Sus orígenes se remontan a la primera reformade la Constitución de 1925 ocurrida durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, en noviembre de 1943. LaConstitución de 1980 extendió y precisó esta restricción de modo que ha permitido mantener la disciplina fiscalrestringiendo el manejo del presupuesto público en una sola autoridad. Tal como señala Edgardo Boeninger,la iniciativa exclusiva del Presidente, junto con la capacidad de manejar la agenda del Congreso Nacionala través de las urgencias, “han sido determinantes en el Chile posterior a 1990 para asegurar la gobernabilidad,mantener la coherencia de las políticas económicas y sociales y desterrar el populismo” 2 .La disputa sobre la legitimidad de origen de la Constitución del ’80 pertenece a una antigua discusión que hoycarece de sentido. Esta Carta Fundamental ha sido modificada en 34 oportunidades y ha sido aplicada durantedécadas, permitiendo la elección democrática de 5 Presidentes de la República en 6 elecciones presidenciales.Nuestra transición a la democracia ha sido reconocida internacionalmente como ejemplo de un proceso vividoen paz y con pleno apego al Estado de Derecho. Basta recordar que la actual Constitución lleva la firma del exPresidente Ricardo Lagos Escobar y de todos sus ministros de Estado, quienes después de la modificación de2005 la promulgaron en el Palacio de la Moneda en un acto público el 17 de septiembre de ese año.Elementos económicos preocupantes del futuro debate constitucionalA un año de que la coalición gobernante asumiera la conducción del Poder Ejecutivo no existe informaciónclara y precisa sobre los cambios constitucionales que se pretenden patrocinar más allá de lo señalado en el“Programa de Gobierno 2014-2018”, publicado en octubre de 2013. Analizando dichos enunciados, estimamosque los elementos más preocupantes —desde una perspectiva económica— son: aquel que transforma unestado subsidiario a un estado social de derechos; el que delimita la propiedad privada a fin de reconocer sufunción social de una manera incierta; aquel que aumenta el dominio público sobre los recursos naturales; elque rebaja los quórum de aprobación, modificación y derogación en el Congreso Nacional tanto de las leyesorgánicas constitucionales como de aquellas interpretativas de la Constitución; aquel que pretende favorecer2 Boeninger, Edgardo. Relaciones entre partidos, Gobierno y Parlamento en el sistema presidencial chileno. En: Reforma de los Partidos Políticos en Chile. ArturoFontaine, Cristián Larroulet, Jorge Navarrete e Ignacio Walker (editores). PNUD, CEP, Libertad y Desarrollo, ProyectAmérica y CIEPLAN, 2008. Página 211.