76 -le han introducido— continúa siendo una carta profundamente hostil al gobierno de las mayorías, conformeal diseño original de una ‘democracia protegida’.En efecto, <strong>para</strong> este último grupo –con <strong>el</strong> cual <strong>el</strong> autor de este ensayo se identifica— la Constitución de1980, más allá de haber sido impuesta por una dictadura, tiene <strong>el</strong> defecto de impedir que las preferenciasd<strong>el</strong> <strong>el</strong>ectorado de traduzcan en políticas públicas de manera fluida, producto d<strong>el</strong> efecto combinado de unsistema binominal que tiende al ‘empate’ entre las dos primeras fuerzas políticas, a la existencia de leyes desúper-mayoría que hacen difícil reformar leyes importantes sin <strong>el</strong> concurso de la minoría y, finalmente, a lapresencia de un control preventivo de constitucionalidad cuya sola existencia es utilizada como una efectivaamenaza por parte de la minoría en <strong>el</strong> Congreso frente a proyectos de ley que no son de su agrado.Para este segundo grupo, una nueva Constitución no debiera intentar ‘cong<strong>el</strong>ar’ un mod<strong>el</strong>o socioeconómicodeterminado, sino que más bien dejar a las mayorías gobernar –respetando, por cierto, los derechosverdaderamente fundamentales de las minorías—, algo que la Constitución de 1980 desafortunadamente nopermite.La hostilidad de esta última al gobierno de mayorías democráticas –añadimos quienes nos identificamoscon esta perspectiva— no es fruto de la casualidad, sino que forma parte de la lógica esencial de la cartaaprobada por la dictadura, cuyo objetivo central –como lo reconoció públicamente uno de sus más importantesideólogos, Jaime Guzmán— era que:“Si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismoanh<strong>el</strong>aría, porque –valga la metáfora– <strong>el</strong> margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en<strong>el</strong>la, sea lo suficientemente reducido <strong>para</strong> hacer extremadamente difícil lo contrario.” 162Como se puede advertir, no contentos con la imposición de una Constitución que contenía un programaeconómico-social determinado, los redactores de la carta de 1980 buscaron explícitamente que <strong>el</strong> (inevitable)retorno a la democracia no alterase la ‘obra’ d<strong>el</strong> régimen militar, <strong>para</strong> lo cual d<strong>el</strong>iberadamente se introdujouna carta que, como lo expresa Guzmán con una candidez extraordinaria, buscaba que los adversarios d<strong>el</strong>a dictadura (esto es, los demócratas) se vieran obligados en <strong>el</strong> futuro a hacer más o menos lo mismo quehizo <strong>el</strong> régimen militar en materia económico-social. Es difícil imaginar algo más contrario al ‘fair play’democrático que <strong>el</strong> utilizar la Constitución –que, como vimos más arriba, representa en otras latitudes ‘<strong>el</strong>alma de la nación’, o la fuente de la unidad nacional— <strong>para</strong> forzar a la mayoría a hacer lo que prefiere ungrupo eventualmente minoritario de la ciudadanía.En efecto, si quienes se oponen al cambio constitucional en Chile hicieran <strong>el</strong> esfuerzo de ponerse en <strong>el</strong>lugar de quienes son afectados por la actual Constitución, por ejemplo, imaginando cómo se sentirían si unadictadura de izquierda hubiera dejado instalada una carta constitucional que forzara a eventuales mayorías decentroderecha a hacer esencialmente lo mismo que lo que haría un gobierno de izquierda, quizá le tomarían<strong>el</strong> peso a lo distorsionador que es vivir bajo la Constitución como la actualmente vigente <strong>para</strong> quienes tienenpreferencias ideológicas diferentes a las que impulsó <strong>el</strong> régimen autoritario.Recapitulando lo planteado en esta sección, existe al interior d<strong>el</strong> sector que plantea que Chile necesita unanueva Constitución al menos dos grupos claramente discernibles. Uno, que busca una nueva carta fundamentalcon <strong>el</strong> objeto de introducir en <strong>el</strong>la un mod<strong>el</strong>o económico-social determinado –de cuño socialdemócrata—,lo que representa una concepción d<strong>el</strong> rol de la Constitución como una forma de ‘cong<strong>el</strong>ar’ en la misma unmod<strong>el</strong>o de economía y sociedad, y otro, que busca simplemente terminar de democratizar la sociedad chilena,permitiendo que convivan bajo una misma Constitución grupos con diferentes perspectivas ideológicas.Si la taxonomía recién anotada es correcta, la división constitucional que se advierte actualmente en Chileno sería binaria, confrontando a quienes demandan una nueva Constitución versus quienes rechazan estoúltimo, sino mucho más compleja, incluyendo: A) a quienes rechazan de plano una nueva carta constitucional;162 Véase Jaime Guzmán (1979).
- 77B) a quienes desean una nueva carta que permita a las mayorías democráticas gobernar sin estar constreñidosa hacer más o menos lo mismo que lo que los adherentes d<strong>el</strong> régimen militar hubieran deseado, y C) quienesdesean introducir una nueva Constitución que perpetúe un mod<strong>el</strong>o de signo contrario al que la dictadurapretendió introducir.V. ¿Constitución “política” o Constitución “plena”?En la sección anterior se argumentó que, a pesar de sus diferencias ideológicas, tanto los defensores d<strong>el</strong>a Constitución de 1980 como uno de los grupos que demandan una nueva carta fundamental compartenuna misma concepción de lo que debe ‘contener’ una carta fundamental. Así, aunque con posturas socioeconómicasde signo opuesto, ambos grupos consideran que la Constitución no solo debe ser ‘política’, sinoque también ‘económica’ y ‘social’.En este sentido, ambos grupos defienden lo que hace algunas décadas atrás <strong>el</strong> profesor José Luis Ceadenominó la ‘Constitución Plena’. En ese texto seminal, <strong>el</strong> último arguyó que una de las causas principalesd<strong>el</strong> golpe militar de 1973 fue que la Constitución de 1925 era ‘neutra’ en materia económica, por lo que erainconveniente contar con una carta fundamental que se limitara a regular solamente los aspectos políticos.En años más recientes, otros autores –incluso de izquierda— se han hecho eco de esta concepción de loque debe ser una Constitución. Así, por ejemplo, <strong>el</strong> profesor Juan Carlos Ferrada afirma que:“En este sentido, Martin-Retortillo señala que existen básicamente dos mod<strong>el</strong>os de Constituciones. Por unlado, aqu<strong>el</strong>las que son neutras en esta materia, es decir, no determinan ni siquiera las líneas fundamentalesde ordenación de la realidad económica; por otro, aqu<strong>el</strong>las que contienen una “constitución económica”. Lasprimeras corresponden al mod<strong>el</strong>o clásico de Constitución decimonónica hoy abandonado por los modernosconstituyentes; las segundas son la norma general actualmente. En estas últimas se distingue, a su vez, entr<strong>el</strong>as que contienen solo los principios que se deben observar en <strong>el</strong> momento de proceder a la ordenación de larealidad económica; y otras, en las que se produce una opción por un sistema económico concreto, avanzandoalgunas incluso en la definición de un mod<strong>el</strong>o económico concreto al interior d<strong>el</strong> sistema <strong>el</strong>egido. La diferenciaes de grado, pero <strong>el</strong> <strong>el</strong>emento que servirá <strong>para</strong> distinguirlas es si esta contiene o no referencias determinadasa las bases de la ordenación económica” 163 .Como se advierte de lo transcrito, Ferrada, que defiende una posición muy diferente a la de Cea en materiade económico-social, parece, sin embargo, compartir con <strong>el</strong> último la noción de que una Constitución debeincluir a lo menos “los principios que se deben observar en <strong>el</strong> momento de proceder a la ordenación de larealidad económica”.Lo problemático de esta posición, sin embargo, es que asume que existe un acuerdo general respecto d<strong>el</strong>contenido de la ‘constitución económica’, en lugar de asumir (como lo hace, por ejemplo, la Constitución yla jurisprudencia de los Estados Unidos desde mediados d<strong>el</strong> siglo veinte) 164 que las orientaciones de políticaeconómica y social deben estar entregadas a las mayorías democráticas, ofreciendo la Constitución solo <strong>el</strong>marco político y un catálogo básico de derechos fundamentales. Cuando <strong>el</strong>lo no ocurre, como sucedió en ladenominada ‘Era Lochner’, en que la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretó que la carta de 1787había consagrado una ‘constitución económica’ en extremo liberal, <strong>el</strong> sistema constitucional corre <strong>el</strong> riesgode colapsar (Shesol, 2010).163 Véase Ferrada (2000).164 Véase a Martin Shapiro (1978).
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