Ideas-para-el-Debate-N--3-Reforma-Constitucional

8 -el igual acceso de mujeres y hombres a puestos de responsabilidad profesional en el sector privado; el queelimina el control preventivo obligatorio y facultativo que el Tribunal Constitucional realiza sobre normasorgánico-constitucionales; aquel que pretende fijar límites a la concentración de la propiedad de los mediosde comunicación social ya sea en el ámbito monomedial como multimedial, y el que señala que habrá una leyque establezca el nivel de autonomía de que gozará el Banco Central de Chile.Cabe advertir que de acuerdo a la legislación vigente, los quórum para que buena parte de la legislacióneconómica y social pueda ser modificada son de mayoría simple en ambas cámaras del Congreso Nacional. Deesta forma, no se necesita de una reforma constitucional para efectuar la gran mayoría de las modificacionesque el Gobierno pretende impulsar.De un estado subsidiario a un estado social de derechosLa Nueva Mayoría propone pasar de un Estado Subsidiario a un Estado Social y Democrático de Derechos,constitucionalizando así el Estado de Bienestar. Este cambio es un verdadero giro copernicano desde el puntode vista de la acción que ha desarrollado el Estado en las últimas décadas. De este principio no solo derivan lalibertad y la subsidiariedad económica —que determina cuándo el Estado debe intervenir en estas materias—sino que ha logrado establecer un escenario de indispensable libertad para que todos los grupos asociativosde nuestro país hayan podido fijar los objetivos que han deseado alcanzar, organizándose del modo que hanestimado más conveniente y sin intromisión de personas o autoridad ajena a sus estructuras.Ha sido el mismo Tribunal Constitucional el que ha señalado que “al Estado no le corresponde absorberaquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados encuerpos intermedios. Ello se entiende sin perjuicio, por cierto, de aquellas que, por su carácter, ha de asumir el Estado” 3 .La Nueva Mayoría pretende constitucionalizar el Estado de Bienestar de una manera tal que se contrapongaal espíritu del Estado Subsidiario vigente. Este Estado Social y Democrático de Derechos de derechos segarantizaría a través de acciones judiciales que cubrirían no solamente la totalidad de los derechos económicos,sociales y culturales actualmente consagrados, sino también otros tales como el derecho a la vivienda, altrabajo (en una dimensión diferente a la actual libertad de trabajo hoy consagrada), el derecho a la cultura, laconsagración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre otros.Al respecto, preocupan los efectos que provocará este cambio. El primero, el que dice relación con eltratamiento jurídico que se les otorgará a los derechos sociales, ya que desde el momento que sean exigiblesdeberán “asegurar mínimos de igualdad social para un disfrute efectivo” del derecho garantizado. Ello involucraun cambio desde una visión realista y antidemagógica que prioriza de acuerdo a los recursos que disponga elEstado, a una posición de garantías a todo evento que ignora el más básico problema económico: la realidad decontar con recursos escasos y necesidades ilimitadas. El segundo es la forma en la cual los Tribunales de Justiciadilucidarán cómo hacer cumplir la ley en este tipo de casos, configurándose así lo que algunos abogados handenominado como un “activismo judicial”, el cual podría ponerse al margen de cualquier sistema democrático.¿Qué está sucediendo con el derecho de propiedad?Independiente de los efectos que ha causado en los niveles de actividad económica y de confianza empresarialel anuncio de las tres reformas estructurales impulsadas por este Gobierno —y que ya han provocado unfrenazo económico que se prolonga por más de un año y medio— lo más preocupante es constatar la mermaque ha sufrido la propiedad privada como institución en las últimas iniciativas legales que el Ejecutivo hapromovido. Siguiendo esta misma senda, el programa de gobierno establece que “junto con reconocer el derechode propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempoal bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a laherencia, delimitará su contenido, de conformidad a la ley”.3 Sentencia Tribunal Constitucional Rol N° 352. 09 de agosto de 2002.