8 -<strong>el</strong> igual acceso de mujeres y hombres a puestos de responsabilidad profesional en <strong>el</strong> sector privado; <strong>el</strong> que<strong>el</strong>imina <strong>el</strong> control preventivo obligatorio y facultativo que <strong>el</strong> Tribunal <strong>Constitucional</strong> realiza sobre normasorgánico-constitucionales; aqu<strong>el</strong> que pretende fijar límites a la concentración de la propiedad de los mediosde comunicación social ya sea en <strong>el</strong> ámbito monomedial como multimedial, y <strong>el</strong> que señala que habrá una leyque establezca <strong>el</strong> niv<strong>el</strong> de autonomía de que gozará <strong>el</strong> Banco Central de Chile.Cabe advertir que de acuerdo a la legislación vigente, los quórum <strong>para</strong> que buena parte de la legislacióneconómica y social pueda ser modificada son de mayoría simple en ambas cámaras d<strong>el</strong> Congreso Nacional. Deesta forma, no se necesita de una reforma constitucional <strong>para</strong> efectuar la gran mayoría de las modificacionesque <strong>el</strong> Gobierno pretende impulsar.De un estado subsidiario a un estado social de derechosLa Nueva Mayoría propone pasar de un Estado Subsidiario a un Estado Social y Democrático de Derechos,constitucionalizando así <strong>el</strong> Estado de Bienestar. Este cambio es un verdadero giro copernicano desde <strong>el</strong> puntode vista de la acción que ha desarrollado <strong>el</strong> Estado en las últimas décadas. De este principio no solo derivan lalibertad y la subsidiariedad económica —que determina cuándo <strong>el</strong> Estado debe intervenir en estas materias—sino que ha logrado establecer un escenario de indispensable libertad <strong>para</strong> que todos los grupos asociativosde nuestro país hayan podido fijar los objetivos que han deseado alcanzar, organizándose d<strong>el</strong> modo que hanestimado más conveniente y sin intromisión de personas o autoridad ajena a sus estructuras.Ha sido <strong>el</strong> mismo Tribunal <strong>Constitucional</strong> <strong>el</strong> que ha señalado que “al Estado no le corresponde absorberaqu<strong>el</strong>las actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados encuerpos intermedios. Ello se entiende sin perjuicio, por cierto, de aqu<strong>el</strong>las que, por su carácter, ha de asumir <strong>el</strong> Estado” 3 .La Nueva Mayoría pretende constitucionalizar <strong>el</strong> Estado de Bienestar de una manera tal que se contrapongaal espíritu d<strong>el</strong> Estado Subsidiario vigente. Este Estado Social y Democrático de Derechos de derechos segarantizaría a través de acciones judiciales que cubrirían no solamente la totalidad de los derechos económicos,sociales y culturales actualmente consagrados, sino también otros tales como <strong>el</strong> derecho a la vivienda, altrabajo (en una dimensión diferente a la actual libertad de trabajo hoy consagrada), <strong>el</strong> derecho a la cultura, laconsagración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre otros.Al respecto, preocupan los efectos que provocará este cambio. El primero, <strong>el</strong> que dice r<strong>el</strong>ación con <strong>el</strong>tratamiento jurídico que se les otorgará a los derechos sociales, ya que desde <strong>el</strong> momento que sean exigiblesdeberán “asegurar mínimos de igualdad social <strong>para</strong> un disfrute efectivo” d<strong>el</strong> derecho garantizado. Ello involucraun cambio desde una visión realista y antidemagógica que prioriza de acuerdo a los recursos que disponga <strong>el</strong>Estado, a una posición de garantías a todo evento que ignora <strong>el</strong> más básico problema económico: la realidad decontar con recursos escasos y necesidades ilimitadas. El segundo es la forma en la cual los Tribunales de Justiciadilucidarán cómo hacer cumplir la ley en este tipo de casos, configurándose así lo que algunos abogados handenominado como un “activismo judicial”, <strong>el</strong> cual podría ponerse al margen de cualquier sistema democrático.¿Qué está sucediendo con <strong>el</strong> derecho de propiedad?Independiente de los efectos que ha causado en los niv<strong>el</strong>es de actividad económica y de confianza empresarial<strong>el</strong> anuncio de las tres reformas estructurales impulsadas por este Gobierno —y que ya han provocado unfrenazo económico que se prolonga por más de un año y medio— lo más preocupante es constatar la mermaque ha sufrido la propiedad privada como institución en las últimas iniciativas legales que <strong>el</strong> Ejecutivo hapromovido. Siguiendo esta misma senda, <strong>el</strong> programa de gobierno establece que “junto con reconocer <strong>el</strong> derechode propiedad privada, debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempoal bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social d<strong>el</strong> derecho a la propiedad privada y a laherencia, d<strong>el</strong>imitará su contenido, de conformidad a la ley”.3 Sentencia Tribunal <strong>Constitucional</strong> Rol N° 352. 09 de agosto de 2002.
- 9La Constitución actual —así como ya lo hizo la de 1925— contempla <strong>el</strong> concepto de función social de lapropiedad, que supone una armonía entre los intereses colectivos y <strong>el</strong> legítimo uso y disposición individualde un determinado bien. No queda suficientemente claro si esta mención es solo una reiteración de lo queviene rigiendo en Chile hace décadas o si contiene una extensión a las limitaciones conocidas. En r<strong>el</strong>ación conlos recursos naturales, <strong>el</strong> programa señala que “<strong>el</strong> Estado tiene derecho a regalías por <strong>el</strong> aprovechamiento de losrecursos naturales, especialmente minerales”. En la práctica, se nos notifica una ampliación d<strong>el</strong> royalty a todoslos recursos naturales, lo que conlleva una reformulación de la normativa actual que solo recae en la minería.Otro punto que llama la atención d<strong>el</strong> programa de gobierno dice r<strong>el</strong>ación con ciertas modificaciones alestatuto de propiedad de los medios de comunicación social. Se indica que “una ley determinará los límites a laconcentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto monomedial como multimedia, así comola apertura plural d<strong>el</strong> espectro radio<strong>el</strong>éctrico y la distribución d<strong>el</strong> avisaje público, de modo de garantizar <strong>el</strong> pluralismoinformativo y <strong>el</strong> libre acceso a la información”. Esta propuesta es débil en sus antecedentes ya que no incluyeningún esbozo que pudiera justificar una intervención de esta magnitud en un mercado que —por los enormesavances tecnológicos que exhibe— ha constatado <strong>el</strong> ingreso de numerosos actores en los últimos años. Caberecordar que la libertad de expresión y la libertad de prensa son las bases de cualquier democracia. Modificarlo anterior puede tener un costo muy alto, tal como lo están constatando países como Argentina, Venezu<strong>el</strong>ay Ecuador.Cabe finalizar este punto mencionando que existe una corr<strong>el</strong>ación directa entre instituciones legalesfuertes y desarrollo, <strong>el</strong> cual está cruzado por <strong>el</strong> derecho de propiedad privada. Uno de los barómetros másr<strong>el</strong>evantes a niv<strong>el</strong> global al respecto es <strong>el</strong> <strong>el</strong>aborado por Property Rights Alliance 4 <strong>el</strong> cual mide tres componentes(ambiente político y jurídico, derecho de propiedad físico y derecho de propiedad int<strong>el</strong>ectual). Chile se sitúaen la posición 26 entre los 130 considerados, cuyos líderes fueron Finlandia, Suecia y Nueva Z<strong>el</strong>anda. A niv<strong>el</strong>regional, Chile ocupa <strong>el</strong> primer puesto. Nuestro deber es mejorar esta posición y no empeorarla con medidasque atenten contra este derecho esencial.Otras medidas preocupantesLa propuesta que pretende favorecer <strong>el</strong> igual acceso de mujeres y hombres a puestos de responsabilidadprofesional en <strong>el</strong> sector privado nos merece dudas sobre su implementación. Estamos muy de acuerdo enpromover una mayor participación femenina en <strong>el</strong> ámbito laboral, pero si <strong>el</strong>lo significa una imposiciónde cuotas en la conformación de los directorios de las empresas o en sus estructuras sociales, parece unarestricción a la libertad de emprendimiento que en nada colaborará a su real integración.Por otra parte, la rebaja de los quórum de aprobación, modificación y derogación en <strong>el</strong> Congreso Nacional,tanto de las leyes orgánicas constitucionales como de aqu<strong>el</strong>las interpretativas de la Constitución, constituiráun p<strong>el</strong>igroso precedente <strong>para</strong> la democracia. Quien obtenga la mayoría absoluta en <strong>el</strong> Congreso Nacionaltendrá <strong>el</strong> poder suficiente <strong>para</strong> imponer su punto de vista de una manera aplastante, con lo cual los incentivos<strong>para</strong> alcanzar acuerdos transversales en donde se incorporen visiones diversas será cosa d<strong>el</strong> pasado.Por último, merece una mención especial la propuesta que señala que habrá una ley que establezca <strong>el</strong> niv<strong>el</strong>de autonomía de que gozará <strong>el</strong> Banco Central de Chile. Actualmente, <strong>el</strong> Banco Central goza de autonomíasegún lo dispuesto por la Constitución, por lo que determinar en una ley su autonomía significa —en lapráctica— una desvalorización de la misma.En suma, son muchas las interrogantes y pocas las luces que se han dado desde <strong>el</strong> Gobierno sobre un tematan trascendente <strong>para</strong> <strong>el</strong> país. Además, debemos recordar que las recientes reformas tributaria y educacionalhan padecido de graves errores técnicos y escaso diálogo especializado previos a su formulación. Aunque lamás reciente, la laboral, ha sido más discutida, su ideologización atenta contra las reales preocupaciones d<strong>el</strong>os trabajadores chilenos.4 Organización No Gubernamental norteamericana dependiente de “Americans for Tax Reform”
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