completo

(…) comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la
migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios
para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del
ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos
impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y, en algunos casos,
abuso y violencia (ONU, 2009).
En consecuencia el Relator determinó que “es esencial el consentimiento libre, previo
e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en
relación con grandes proyectos de desarrollo” (ibíd.).
A partir de la doctrina internacional antes expuesta, la Corte Constitucional ha
aclarado que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala,
que tengan mayor impacto dentro del territorio de afrodescendientes e indígenas el
deber del Estado no se agota en la consulta a dichas comunidades, sino que este debe
también obtener el consentimiento libre, informado y previo de las mismas:
Frente a lo anterior, esta Corporación aclara que cuando se trate de planes
de desarrollo o de inversión a gran escala, que tengan mayor impacto dentro
del territorio de afrodescendientes e indígenas, es deber del Estado no sólo
consultar a dichas comunidades, sino también obtener su consentimiento
libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones, dado que esas
poblaciones, al ejecutarse planes e inversiones de exploración y explotación
en su hábitat, pueden llegar a atravesar cambios sociales y económicos
profundos, como la pérdida de sus tierras tradicionales, el desalojo, la
migración, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física
y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre otras
consecuencias; por lo que en estos casos las decisiones de las comunidades
pueden llegar a considerarse vinculantes, debido al grave nivel de afectación
que les acarrea (Corte Constitucional, Sentencia T-769 de 2009).
Esta es una evolución muy importante en los alcances de la consulta previa que abrió
nuevas exigencias con respecto a su cabal desarrollo y cumplimiento como garantía
de la participación para la conservación de la integridad de estos pueblos y que
además fue desarrollada, precisamente, a propósito de los proyectos mineros por lo
Políticas mineras en Colombia [ Julio Fierro Morales ]
165