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Apalaches está comprometida por las actividades mineras, se concluye que los
permisos y licencias a la minería a cielo abierto en montaña con relleno de valles
con escombreras no deben garantizarse a menos que métodos nuevos puedan
ser sujetos a rigurosas revisiones y mostrar que remedian dichos problemas.
Los reguladores no deben ignorar más el rigor de la ciencia. Los Estados Unidos
deben liderar estos aspectos, particularmente cuando se espera que la minería a
cielo abierto en países en desarrollo crezca extensamente (énfasis añadido).
2.2 ] El comercio multilateral y la globalización
2.2.1 ] Los TLC
Existen preocupaciones en los actores ambientalistas y sociales sobre las
implicaciones de los tratados de libre comercio en cuanto a las normativas
ambientales locales y a la preservación de la biodiversidad y el conocimiento cultural.
En el sitio virtual La Silla Vacía, Yukian Lam ilustra el caso de la demanda de la
empresa minera canadiense Pacific Rim al Estado salvadoreño por la negación de la
licencia ambiental para un proyecto de minería de oro.
Pacific Rim obtuvo la licencia de exploración minera en 2002, pero debido a los
impactos ambientales y a los hechos de violencia, el gobierno salvadoreño le negó a
Pacific Rim la licencia de explotación necesaria para operar su mina.
En 2009, la empresa demandó al Estado salvadoreño ante el Centro
Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID) del Banco
Mundial, buscando que el Estado le indemnizara por los $77 millones de dólares
gastados durante la etapa de exploración.
En el 2000, con base en el TLC de América del Norte, México tuvo que pagar
$15,6 millones de dólares a una empresa de California por no permitirle
construir una planta para tratar residuos peligrosos. El año pasado, un tribunal
de arbitraje ordenó una indemnización de $700 millones para Chevron en una
disputa contra Ecuador. Incluso, cuando la empresa “pierde”, el Estado puede
salir perjudicado. Por ejemplo, en un caso en que la minera Commerce Group
perdió una demanda contra El Salvador, el tribunal del ICSID previsto por el
TLC-EEUU-Centroamérica, le ordenó al Estado pagar una parte de los gastos
del proceso que ascendió a casi un millón de dólares.
[ Capítulo 1 ] Tendencias nacionales e internacionales de la política minera