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A la fecha, el proyecto cumple 16 años de ejecución y se encuentra en plena
fase de explotación. En los últimos meses se han generado cuestionamientos
a cerca de este contrato, básicamente observado desde el punto de vista del
beneficio económico para la Nación. Dichos cuestionamientos se concentran
en 3 puntos fundamentales: Establecimiento de un precio de referencia con base
en el cual se realiza el cálculo de las regalías, la escala de los deducibles (por
transporte, manejo y trasiego) que afectan el cálculo de las regalías, y por último, la
participación del Estado sobre las ganancias de la explotación de la mina La Loma.
(…)
La exportación de carbón colombiano constituyó alrededor de 50,9 millones de
toneladas superando en 5,3 millones de toneladas a las exportadas durante el
año 2003. Sin embargo, estas cifras solo constituyen una parte del panorama
económico, puesto que los productos que generan esa situación descrita,
corresponden en gran proporción al resultado de la extracción industrial de
la gran minería del carbón y de ferroníquel, cuyas inversiones provienen del
capital extranjero. Esta situación es particularmente importante por cuanto
las utilidades que esos negocios generan no se reinvierten en el desarrollo de la
economía nacional.
En el caso particular del carbón, más del 90% de las exportaciones
provienen de minas explotadas por compañías extranjeras. A Colombia le
queda el pago de las regalías y algunos beneficios sociales, pero también
pasivos ambientales que no tienen ninguna reposición, como es el caso de
la contaminación del entorno por emisión de material particulado fino a la
atmósfera en todas las etapas del proceso productivo. A la Nación también
le afecta la reducción de sus recursos naturales explotados: aunque esta
actividad minera le proporciona ingresos a la Nación, el agotamiento de este
recurso mineral no renovable le puede significar a muy largo plazo no contar
con la disponibilidad de los mismos en el momento en que se requieran.
Esta situación concentra todo nuestro beneficio del negocio minero en la
obtención de regalías por cuenta del derecho que sobre el subsuelo tiene la
Nación. Esto deja en evidencia un modelo inmediatista del manejo fiscal de la
Nación, ya que se le presta mayor énfasis al sector primario de la economía.
Por todo lo anteriormente expuesto, la obligación principal del Estado
colombiano representado en sus instituciones es la de proteger los intereses
Políticas mineras en Colombia [ Julio Fierro Morales ]
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