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que ha sido cada vez menos riguroso, con menos actividades productivas licenciadas
y además que el porcentaje de licencias negadas es virtualmente inexistente.
En dicho análisis se observa que es el Decreto 1753 de 1994 el que establece
la obligatoriedad de ciertos proyectos, obras y actividades como obligados a la
presentación de Estudios de Impacto Ambiental y obtención de licencia ambiental,
haciendo alusión específica al sector de la minería: Ejecución de proyectos de pequeña,
mediana y gran minería incluyendo las actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte y depósito de los recursos naturales no renovables. Como se ve,
todas las fases de la minería eran objeto de licenciamiento, incluida la exploración.
El Decreto 1728 de 2002 elimina el requisito de licenciamiento ambiental
y presentación de Estudio de Impacto Ambiental, EIA, al 47% de las actividades
previamente obligadas y les exige, a cambio, registrarse ante la autoridad ambiental
competente en función de las guías ambientales. Es clara la flexibilización de la norma
ambiental ante los sectores productivos y en el caso específico de la minería, se elimina
el requisito a la exploración (flexibilización vigente hasta hoy). En lo referente a las
guías ambientales, son documentos técnicos de orientación conceptual, metodológica
para apoyar la gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades, mas no son
ordenamientos jurídicos de obligatorio cumplimiento (art. 2 Resolución 1023 de 2005).
El Decreto 1220 de 2005 incluye la participación de la comunidad en el proceso
de otorgamiento de Licencia Ambiental y elaboración del EIA, pero se limita para
proyectos o actividades que afecten áreas donde habiten etnias indígenas o negras.
El Decreto 2820 mantiene el esquema de licenciamiento para actividades mineras
sin incluir la exploración, aunque define la necesidad de licencia ambiental para vías
de proyectos mineros que a su vez necesiten de licencia, lo cual no tiene sentido,
pues las vías mineras son privadas y solo necesitan de licencia proyectos viales de
primer y segundo nivel. Otro aspecto regresivo es que la participación ciudadana
se reduce a la mera información por parte de los interesados en adelantar los
proyectos a licenciar, sin ninguna posibilidad de que las decisiones de la comunidad
sean consideradas como vinculantes.
Toro, a partir de datos de la Contraloría General de la República, demuestra la
casi inocuidad del instrumento, cuando entre 1994 y 2005 apenas se negaron el 3%
de las solicitudes de licencias ambientales por parte de las autoridades ambientales
de un total de 19 047 proyectos solicitantes. Este hecho lleva a una profunda reflexión
sobre la validez del instrumento o de la idoneidad de las autoridades ambientales en
[ Capítulo 1 ] Tendencias nacionales e internacionales de la política minera