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Es claro que ni las normas mineras, ni las ambientales, ni las existentes en
materia de tierras, ni los instrumentos administrativos existentes, permiten garantizar
de manera cabal los derechos fundamentales de las comunidades, tanto étnicas, como
a las campesinas, colonos, desplazados, frente al desarrollo de actividades mineras.
Las denuncias de violación a derechos humanos y las nefastas consecuencias
de la minería en la salud humana y del territorio, demuestran la imperiosa necesidad
de contar con instrumentos de regulación vinculantes en materia de responsabilidad
social y ambiental, así como con la capacidad institucional para ejercer una efectiva
gobernabilidad, enfocada a fortalecer una sociedad democrática en función del
bienestar humano y la sustentabilidad ambiental.
También se ha puesto en evidencia la necesidad de establecer como requisito
para la actividad minera, una licencia social que dé cuenta del respeto a los
derechos ambientales, territoriales, sociales, económicos, culturales y en general,
los derechos humanos de las poblaciones afectadas por los proyectos mineros. Esto
incluye el reconocimiento efectivo del derecho a la participación de las comunidades
campesinas y de la sociedad civil.
Por esta razón, se estima necesaria la creación de un instrumento que de
manera integral, articulada y coherente permita garantizar los derechos a la vida, a la
integridad, a la salud, a la tranquilidad, a la intimidad, a la propiedad, a la participación
de las comunidades. Este instrumento que se denominaría Licencia Social, requiere
creación legal, de manera tal que corresponde al gobierno nacional, estimamos que
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presentar al Congreso de la
República el proyecto de ley respectivo.
2.1.7. ] Derogatorias
| Artículo 13
Una actividad que por ley está totalmente a cargo de empresas privadas y personas
naturales no puede seguir siendo considerada como de utilidad pública en interés
social. Es necesario derogar el artículo 13, de manera que no se dé prelación a esta
actividad sobre otras como la conservación de las aguas o la agricultura. De igual
manera, se evitará la presión minera sobre las zonas de reserva forestal de la Ley 2
de 1959, la cual necesita ser modificada (muchos cascos urbanos, incluso de capitales
departamentales se encuentran dentro de reservas no sustraídas), pero no desde
una indebida presión del sector minero o petrolero.
[ Capítulo 5 ] Recomendaciones de política y normativa