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2.3.3. ] Conflicto de minería en zonas de negritudes: La Toma (Cauca) Sentencia
T-1045A de 2010
El alto tribunal tuteló los derechos de la comunidad afro de La Toma y advirtió que no
podrán otorgarse títulos mineros sin la consulta previa a los grupos étnicos.
La Corte, mediante la Sentencia 1045-A, ordenó a Ingeominas suspender
todas las licencias de explotación minera en el corregimiento de La Toma de Suárez
(Cauca) hasta tanto se realice “de manera adecuada” la consulta previa ordenada
en tal decisión. Además, le pidió a esta entidad que se abstenga de otorgar nuevas
licencias mineras.
De esta forma, el Alto Tribunal dejó sin efecto la Resolución del 30 de abril de
2010, que ordenó el desalojo de la comunidad negra que se dedicaba a la minería
artesanal en ese territorio desde hace 300 años.
Esta lucha empezó hace once años, cuando el 5 de marzo de 2002 Ingeominas
le concedió al empresario Héctor Jesús Sarria 99 hectáreas, en la desembocadura de
la quebrada La Turbina, del río Cauca, para extraer un yacimiento de oro, por término
de diez años prorrogables, sin que se hubiera acreditado una licencia ambiental
para esta explotación ni se hubiera adelantado el proceso de consulta previa a las
comunidades afros de la zona.
Esto generó una fuerte disputa y una agria crisis social que detonó cuando
el alcalde del municipio de Suárez (Cauca), mediante Resolución del 30 de abril de
2010, suspendió las actividades de explotación de todos aquellos que no tenían
licencia de Ingeominas y ordenó el desalojo de 1.300 familias afros que devengaban
su sustento de la extracción artesanal de oro, beneficiando así el proyecto minero
de Héctor Sarria.
Dicha diligencia de desalojo se aplazó hasta el día en que el director general
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) reconoció que existían
comunidades afrodescendientes constituidas y organizadas legalmente, y por lo
tanto era necesario consultarlas para poner en marcha cualquier empresa minera.
Derecho que Sarria ya había vulnerado.
Frente a la inminente expulsión, Francia Márquez y Yahir Ortiz, representando
los intereses de su comunidad, pusieron una tutela, con el apoyo legal de la Corporación
Sembrar, el 20 de mayo de 2010, y un año después se conoció la decisión de la Corte
de amparar sus derechos suspendiendo la licencia del empresario Sarria y cualquier
otra que no haya sido previamente consultada y aceptada por la comunidad.
[ Capítulo 3 ] Cartografía de conflictos