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contaminación del ambiente tradicional, entre otras consecuencias; por lo que
en estos casos las decisiones de las comunidades pueden llegar a considerarse
vinculantes, debido al grave nivel de afectación que les acarrea.
Así ha de buscarse una justa medida, para equilibrar el desarrollo económico
que necesita el país, que requiere avanzar en la exploración y explotación de
los recursos nacionales, mineros en este caso, pero que debe detenerse ante la
preservación ambiental, que es la vida de las futuras generaciones, y coordinarse
con el inalienable respeto a los valores históricos, culturales y sociales de los
grupos étnicos y de la población en general.
Al Ministro del Interior y de Justicia ordenó que rehaga los trámites de consulta
previa, al Ministro de Ambiente que realice los estudios científicos integrales y de
fondo sobre el impacto ambiental, y al Ministro de Defensa Nacional, que analice y
subsane las razones por las cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes
que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y
Murindó, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía
de seguridad.
Por su parte, el Ministerio de Interior y de Justicia pidió la nulidad de
la Sentencia T-769 por considerar que la consulta no es vinculante y no puede
sujetarse al consentimiento libre de las comunidades. La Muriel Mining solicitó la
nulidad, por considerar que hubo un pronunciamiento de una sala de la corte que
no tenía esta potestad.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial pidió aclaración de
la sentencia a la Corte, porque de acuerdo con la ley no es su función realizar estudios
de impacto ambiental. En respuesta, la Corte ha dejado en firme la Sentencia, pero
hasta ahora no ha respondido ni al Ministerio de Interior ni al Ministerio de Ambiente.
2.3.1.1 ] Riesgos y afectación de la minería sobre derechos sobre tierras y territorios
En el caso de Mandé Norte, si bien tanto las comunidades indígenas como las negras
gozan del reconocimiento legal de sus tierras, este derecho en realidad no garantiza
a futuro su continuidad física ni cultural, no solo por el crecimiento de la población,
los riesgos de desastres naturales y las nuevas necesidades de tierra que les
permita implementar sus modelos tradicionales de cultivo y manejo del bosque, sino
por las expectativas de agentes externos a las comunidades sobre sus recursos. A
Políticas mineras en Colombia [ Julio Fierro Morales ]
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