completo

166
cual no queda ninguna duda acerca de su obligatoriedad y necesaria implementación.
De alguna manera significa un giro en la jurisprudencia que en el pasado entendía
que las comunidades étnicas no podían oponerse a un proyecto que se denominara
de desarrollo, y hoy reconoce que no basta con informarles, sino que ellas deben
consentir en su realización.
Por último, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional también
se ha pronunciado sobre la manera como se debe proceder en caso de que no sea
posible llegar a un acuerdo o a la concertación, estableciendo que en todo caso:
la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de
autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la
finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social,
cultural y económica de la comunidad indígena. En todo caso deben arbitrarse
los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que
las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la
comunidad o de sus miembros (Corte Constitucional, Sentencia T-769 de 2009).
Finalmente cabe mencionar que la Consulta Previa fue objeto de desarrollo
reglamentario mediante el Decreto 1320 de 1998, que paradójicamente fue expedido
sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas y negros que eran los directos interesados;
y el cual continua vigente pese a sus problemas de inconstitucionalidad 10 . Además en
la práctica la consulta previa frente a medidas de carácter legal y administrativo ha
sido frecuentemente desconocida por el Gobierno Nacional, razón por la cual esta ha
tenido que defenderse mediante la interposición de acciones de inconstitucionalidad
y de tutela, a partir de las cuales se ha generado una amplia jurisprudencia de la
Corte Constitucional en torno al tema. Dentro de estas decisiones se destacan varias
directamente relacionadas con el tema minero.
En sede de Control Abstracto de Constitucionalidad, varias demandas se han
interpuesto contra el Código de Minas alegando la violación del derecho a la consulta
previa y aunque ninguna de estas demandas ha culminado con la declaratoria de
inexequibilidad del Código en su totalidad, sí se han declarado inexequibles algunos
apartados y otros se han modulado, mediante las declaraciones de constitucionalidad
condicionada 11 En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en el
ejercicio de su competencia de revisión de las acciones de tutelas, allí se ha protegido
[ Capítulo 3 ] Cartografía de conflictos