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institucional en el trámite de la modificación del Código de Minas en las instancias
parlamentarias. Para el ex Ministro, en declaraciones a El Tiempo en octubre de 2000:
el aprovechamiento pleno y racional de nuestros vastos recursos minerales
solo puede lograrse mediante la vinculación de capital privado nacional y
extranjero a las actividades propias de la industria. Caballero aseguró que
el Estado no debe ser empresario minero, y que sus experiencias en ese sentido
deben servir para sustraerlo por completo de aquellos negocios reservados por
su naturaleza a los particulares.
La función estatal no es competir con el sector privado, sino apoyar a los
empresarios, facilitar su trabajo, y garantizar la estabilidad y viabilidad de las
grandes inversiones que demanda la industria minera [http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-1285528) (énfasis añadido].
De la participación del CERI y del sector minero y financiero en la reglamentación,
efectivamente hubo un nuevo Código de Minas: la Ley 685 de 2001, la cual generó
un cambio en las políticas con respecto a la minería pues establece un país que
promocionará y fiscalizará la minería, pero sin la posibilidad de empresas mineras
de capital público o mixto. A cambio, los particulares nacionales y extranjeros
pagarán una contraprestación económica por el costo de los recursos naturales no
renovables denominada regalía, la cual se tasa en función del tipo de material como
un porcentaje del valor de mercado. De igual manera, flexibiliza normas con el fin de
facilitar la inversión privada y establece la prelación de quien primero solicite el título
minero (primero en tiempo, primero en derecho).
No obstante, una política minera con estrategias en cuanto a la promoción
minera en términos de escoger los mejores postores en relación con el pago de
regalías (cuyo esquema es fijo), a establecer el valor estratégico de minerales en
términos del desarrollo tecnológico o industrial del país y del mundo o con ofertas de
encadenamientos productivos; los indicadores de gestión técnica minera, ambiental
o social no han sido construidos por la institucionalidad; la gobernanza y la capacidad
fiscalizadoras son muy bajas, lo cual lleva a la vieja paradoja colombiana de tener
normas pero no la capacidad institucional para hacerlas cumplir.
[ Capítulo 1 ] Tendencias nacionales e internacionales de la política minera