Masonería - J. Boor - Gran Logia Provincial de las Islas Baleares

esparcida por las distintas naciones, la obra “Relación sucinta acerca de la república de los
jesuitas de las provincias de Paraguay, en las posesiones ultramarinas y de la guerra que
han ejecutado y sostenido contra los ejércitos portugueses y españoles”. En ella figura la
fábula de la conspiración del Paraguay para convertir a un jesuita, con el nombre de
Nicolás I, en Emperador de aquel país, calumniando groseramente a la Compañía de
Jesús y haciéndola aparecer como dedicada a tráficos prohibidos por los cánones y
nadando en oro y abundancia frente a las miserias del pueblo.
Reinaba en España todavía el buen Rey Fernando VI cuando Pombal intentó por vez
primera embarcarle en la aventura, que aquél rechazó de acuerdo con sus ministros,
excepto el duque de Alba, que figuraba ya en la intriga, y el Consejo de Castilla,
consecuente, mandó quemar públicamente el infame libelo; sin embargo, en Francia y en
Italia, más alejadas de la realidad, el libro hizo verdadero daño. El odio de Pombal contra
la religión católica no conoció límites: otra muestra más fué un proyecto frustrado de
cambiar ¡a religión de Portugal por la anglicana, al pretender casar a la hija del Rey, la
infanta Maria, con el duque de Cumberland.
Un suceso, al parecer imprevisto, que si la masonería no preparó sí aparece
explotándolo, aprovechó Pombal para desencadenar contra los jesuitas la ofensiva tanto
tiempo pensada. Ocurrió entonces que retirándose el Monarca portugués a altas horas de
la noche, en coche, a su palacio, en la madrugada del 3 al 4 de septiembre de 1758,
ácompañado de su confidente Pedro Tejeira, fué atacado por tres hombres montados y
armados, que haciendo una descarga hirieron al Rey en un brazo. Al hecho sucedió un
silencio con que se pretendieron ocultar las circunstancias del suceso, que las gentes
enteradas afirmaban ser consecuencia de un episodio amoroso en que se pretendió la
vindicación de un honor; mas a los cien días de cometido el atentado, cuando ya los
efectos de la propaganda desplegada desde el Poder creían haber calado en la sociedad,
se procedió a detener a determinados jesuitas y se hizo público un manifiesto en que,
después de anunciar el atentado contra Su Majestad, se invitaba con primas y honores a
todos los vasallos a que delatasen a los reos, siendo presos al día siguiente de la
publicación: el duque de Aveyro, los marqueses de Tavora, de cuya casa, al parecer,
había salido el Monarca; sus hijos y su yerno y otras muchas personas de la nobleza de
Lisboa y de fuera a quienes se formó causa por desconfianza.
No apareciendo pruebas en el sumario, frente a la rectitud del procurador fiscal, don
Antonio de Costa Freyre, se alzó el poder personal del valido, que le hizo caer en
desgracia y ser perseguido más tarde como cómplice del crimen, sepultándolo en los
calabozos de una prisión. Fué Pombal, según los historiadores de la época, el que corrió
desde aquel momento con la instrucción de la causa, que a los treinta días dictó y escribió
de su mano la sentencia, condenando a la pena capital a los principales procesados. Ni el
derecho, como nobles, a ser juzgados por sus pares fué en ningún momento tenido en
cuenta. Pombal había iniciado en Portugal lo que, tanto en este país como en España, se
conoció por el Gobierno del “despotismo ilustrado”. Una real orden estableció que el fallo
era inapelable, y la sentencia fué cumplida..
En el pensamiento de la opinión pública estaba arraigada la convicción de que
aunque el fallo atribuyese al duque de Aveyro el regicidio frustrado, su autor era el joven
marqués de Tavora, arrebatado de celos contra el real seductor de su esposa, doña
Teresa, aunque arrojaban las sospechas sobre el propio marqués de Pombal, que explotó
los hechos para vengarse de la nobleza, que rehuía su trato; de la familia Tavora, que
habla desdeñado a su hijo como pretendiente, y destruir a la Compañía de Jesús, que iba
a ser la víctima propiciatoria.
Muchos años después, el 7 de abril de 1781, tuvo lugar la revisión del caso, que
estableció: “Que todas las personas, tanto vivas como muertas, que en virtud de la
sentencia del 12 de enero de 1759 habían sido ejecutadas, desterradas o encarceladas