Masonería - J. Boor - Gran Logia Provincial de las Islas Baleares

LAS LOGIAS SON POLITICAS
23 de abril de 1950
SIEMPRE que se plantea el problema de la masonería en una nación pretende
aquélla presentarse como apolítica, reclamando los derechos inherentes a toda sociedad
legalmente constituida, merecedora del amparo de los Poderes públicos. Así sucedió en
tiempos de la Dictadura del general Primo de Rivera, en que las logias masónicas de
Andalucía se dirigieron al, a la sazón, subsecretario de la Presidencia pidiéndole el amparo
de los Poderes públicos para el funcionamiento de las logias y que fuesen reintegrados a
su función los jefes de las de Córdoba y Málaga, al parecer detenidos por la autoridad
gubernativa por sus actividades clandestinas de carácter masónico. En la exposición que a
los Poderes públicos hicieron entonces afirmaban el carácter apolítico de la masonería y
su alejamiento de toda actividad política. El subsecretario les escuchó con complacencia,
prometiéndose que si los hechos eran como los relataban no tendrían nada que temer y
que se daría orden inmediata a los gobernadores para que fueran puestos en libertad los
detenidos y se permitiese pleno funcionamiento a aquellas logias andaluzas, como así se
cumplió. En los boletines oficiales de la masonería andaluza quedó registrada esta
efemérides, y hasta consta en sus publicaciones el proyecto de realizar un acto de
adhesión de aquellas logias a la Dictadura, que, según se expresa, evitó la oportuna intervención
de su jefe supremo, el “hermanito” Martínez Barrio, que, con buen sentido,
consideró no convenía comprometerse en una declaración de adhesión semejante cuando
este acto no era indispensable; mas pese a las promesas y definiciones; falsas hechas en
aquella ocasión a los Poderes públicos, no pasó mucho tiempo sin que las logias
aparecieran dirigiendo toda la conspiración política, primero contra la Dictadura e
inmediatamente contra la Monarquía, que condujo a la instauración de aquella República
que a sí misma se definió como la más masónica que hubiera existido.
Que la masonería es eminentemente política lo demuestra su historia y sus propios
estatutos, donde al lado de los fines antirreligiosos que en otros trabajos demostramos, y
que ya en sí encierran una posición política eminentemente anticatólica, existen en casi
todos sus grados unos objetivos políticos definidos, que vienen nutriendo los programas
políticos liberales o radicales de la mayoría de los países.
Ella misma se define declarándose en sus textos liberal y progresiva, o sea política,
constituyendo su ideal la forma republicana y propugnando la soberanía de la asociación
humana, defendiendo el principio de la delegación voluntaria de los asociados en sus
representantes. Sus palabras en el grado séptimo, son: “El pueblo elige y depone, hace y
deshace; es el que tiene la voluntad y el movimiento propio. Suyo es el Poder legislativo”,
aunque de cómo se cumple luego la voluntad del pueblo hay mucho que hablar.
No es que pretendamos con esto condenar los conceptos que vamos a recoger, en
gran parte incorporados al derecho público universal, sino el demostrar su entraña y sus
fines, por ellos mismos definidos de eminentemente políticos.
Hay grados exclusivamente dedicados a las definiciones políticas, y que por haber
sido incorporadas al derecho positivo de los pueblos han caído, en general, en desuso. Tal
ocurre con el grado séptimo, que define los derechos del hombre: