Masonería - J. Boor - Gran Logia Provincial de las Islas Baleares

Soberano, de sostenedores en la opinión del regicidio y de maquinar contra el dogma y la
moral.
La campaña pronto dió sus resultados, y en 6 de agosto de 1762 el Parlamento de
Paris pronunció el fallo, en que, tras imputaciones falsas y calumniosas, “se ordena a los
jesuitas que renuncien a su regla, al uso de su hábito, a vivir en comunidad, a tener
correspondencia con los demás individuos de la Compañía y a desempeñar ningún cargo
sin jurar previamente estar de acuerdo con este decreto”. Los Parlamentos de provincias,
trabajados en sus minorías masónicas y enemigas de la Iglesia, se asociaron por una
escasa minoría, excepto uno de ellos, al Acuerdo del de Paris, convirtiéndose en
ejecutores inconscientes de la condena masónica: unos, arrastrados por la adulación y las
lisonjas de una minoría influyente y maquinadora, y otros, ganados por las campañas de
difamación, la tendencia a las novedades, la envidia de la Orden por la confianza y
concepto de que gozaban los religiosos entre el pueblo y, en general, por un deseo
inmoderado de extender sus atribuciones.
Cogido el Rey en la hábil maniobra que Choiseul le tendió, aceptó la afrenta de
sancionar con su firma la ley inicua, que estableció, entre otras cosas, “que la Compañía
de Jesús no sería admitida jamás en su Reino, ni en sus tierras y señoríos de su Corona”,
poniendo a sus miembros en el monstruoso dilema “de abjurar de su Instituto y ratificar con
su juramento la certeza de las imputaciones hechas en sus condenas o su muerte civil”.
Los cuatro mil miembros de la Compañía eligieron sin vacilar el camino del sacrificio.
Muy pronto la dinastía francesa había de cobrar, con la maldición del cielo, la letra
que contra su Dios y Señor había extendido.