México Gobiernos Estatales y Municipales

Sinaloa, Estado de (Certificados Bursátiles $ 247 UDIs)
Calificaciones y Contactos
Categoría Calificación de Moody’s
Perspectiva
Créditos Bancarios: $247 UDIs
Estable
Escala Nacional de México Aa2.mx
Escala Global, moneda nacional Baa3
Opinión
Fundamentos de la calificación
Moody’s asignó calificaciones de Aa2.mx (escala nacional de
México) y Baa3 (escala global, moneda local) a los certificados
bursátiles por un monto de 247 millones de UDIs que emitió
el estado de Sinaloa. Los valores fueron colocados el 21 de
enero de 2004. El estado solicitó que Moody’s calificara esta
transacción después de la venta. Los certificados fueron
colocados a una tasa fija de 5.35%, y un plazo de diez años y
tres años de gracia para los pagos del principal. Los
certificados bursátiles son obligaciones directas y vinculantes
del estado de Sinaloa y son pagaderos de acuerdo con lo
establecido en el fideicomiso F/112296.
Los pagos de intereses deben realizarse con periodicidad
semestral. El riesgo de incumplimiento en el pago de los
intereses se disminuye por la acumulación de pagos de
intereses para los seis meses previos al vencimiento del mismo
y por la existencia de un fondo de reserva equivalente a seis
meses de depósitos que cuenta con el nivel requerido antes del
vencimiento del pago. De manera similar, el principal se
pagará semestralmente en 14 exhibiciones que comenzarán en
julio de 2007. El fondo de reserva del principal consistirá de
seis meses de depósitos (o una amortización) y se acumulará
en 36 meses después de la colocación, aumentando conforme
lo hagan los pagos del principal.
Las calificaciones de los certificados incorporan tanto la
posición crediticia de la entidad como la ventaja que
proporciona la estructura de fideicomiso y la documentación
legal relacionada. Entre los factores que cabe destacar se
encuentran los siguientes:
1. La calificación de emisor de la entidad fue aumentada a
A2.mx (escala nacional de México) y Ba2 (escala global,
moneda local) el 7 de diciembre de 2004, las que se basan
en el desempeño financiero estable de la entidad al igual
que en una deuda estructurada de manera adecuada.
2. Los convenios legales que rigen el acuerdo, que están
fundamentados sólidamente en una ley estatal y un
decreto legislativo los cuales aprueban:
a) el refinanciamiento de la deuda de la entidad,
b) la creación de un fideicomiso para los pagos,
c) la afectación de los ingresos por participaciones como
fuente de pago,
d) la emisión de los bonos,
e) la emisión de la instrucción irrevocable a la Tesorería
de la Federación (TESOFE) y
f) las condiciones que deben cumplirse antes de enviar
una nueva instrucción a la TESOFE.
3. El estado transfirió los derechos a 30% de sus ingresos
por participaciones hacia el fideicomiso y, de esa
cantidad, 55.34% se canalizará al pago de los certificados.
El monto designado proporciona un nivel muy adecuado
de cobertura, de cerca de seis veces la cantidad necesaria
para generar el flujo para el pago de intereses y principal.
Con este nivel de cobertura, los flujos de efectivo podrán
enfrentar condiciones serias en términos económicos.
4. La naturaleza irrevocable de la instrucción a la TESOFE
para canalizar los fondos afectados hacia el fiduciario en
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Enero 2005
Analista Teléfono
Laura Barrientos 52.55.9171.1817
Steven Hochman
Benito Solís
Yves Lemay
lugar de hacia la entidad es un elemento clave de la
estructura que fortalece el mecanismo de pago. De
acuerdo con el Decreto 129 y la Ley de Deuda Pública de
la entidad, la instrucción a la TESOFE sólo puede ser
modificada si el estado tiene el consentimiento por
escrito de todos los acreedores en el fideicomiso y el
Congreso del estado aprueba la modificación de la orden
por decreto. Estas salvaguardas aumentan el nivel de
seguridad del mecanismo de pago, aunque Moody’s
reconoce que depende en gran parte de las medidas que
tome la TESOFE al recibir una nueva instrucción, y su
participación activa en la verificación de que se cumplan
las condiciones necesarias para realizar el cambio.
5. La existencia de un fondo de reserva de seis meses para
los pagos de intereses y principal también proporcionan
un apoyo sólido a la capacidad de la transacción para
soportar condiciones económicas rigurosas, al igual que
otro tipo de acontecimientos que puedan tener efectos
adversos sobre el flujo de fondos y los depósitos en el
fideicomiso. El fondo de reserva de los intereses asciende
al equivalente de seis meses de estos pagos y se acumuló
en el primer semestre que siguió a la emisión. Por su
parte, el fondo de reserva del principal equivale a un pago
(seis meses de principal) y se acumula durante 36 meses,
comenzando en el primer mes y continuando los meses
73 a 84 debido a que los pagos del principal crecen en los
últimos años. Cabe apuntar que los fondos de reserva
tienen una colateralización cruzada.
6. La designación de ciertas situaciones que podrían tener
impactos adversos sobre los pagos de los créditos como
“eventos de aceleración”. Las penas asociadas con este
tipo de eventos — como la captación acelerada de fondos
para el pago del adeudo a partir de los montos que fluyen
al fideicomiso — otorgan una protección apropiada de
los intereses del acreedor, pues sirven para disuadir a la
entidad de tomar medidas específicas que puedan
amenazar el pago de los créditos.
7. Debido al alto nivel de cobertura que proporciona el
flujo de fondos, el monto captado en caso de una causa de
aceleración genera una cantidad considerablemente
mayor de dinero que puede utilizarse para el pago del
servicio de la deuda que en otras transacciones calificadas
a últimas fechas. Si se incluye el fondo de reserva y en
caso de que se captaran fondos para el periodo de
recuperación de 60 días, el fideicomiso tendría lo
necesario para cubrir 18 meses de depósitos (o tres pagos
del servicio de la deuda). Con esto se cuenta con un
periodo razonable para corregir la situación que haya
motivado la causa de aceleración.
Por el lado opuesto, el monto que se canaliza hacia el
fideicomiso (55.34% del 30%) representa entre 4% y 7% del
presupuesto anual de la entidad (en comparación con costos
del servicio de la deuda inferiores a 1% para los certificados)
y, en caso de acelerarse, la pérdida de ingresos podría afectar
la flexibilidad financiera y la calidad crediticia del estado.