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pescan en aguas controladas por los kelpers que la Argentina
reclama como propias. El último antecedente de
esto fue en 2007, cuando varias embarcaciones de ese país
recibieron licencias de Malvinas. Durante la presente
temporada de calamar, en la Milla 201 se instalaron 77
barcos de China, Taiwán y Corea, la gran mayoría poteros.
Por último, uno de los impactos más fuertes serían los
cambios en las condiciones de competencia con las empresas
nacionales y de capital mixto español que faenan
el calamar, tercera especie en importancia de producción,
con España como principal importador con un 50% de
las extracciones locales.
Competencia desleal
De prosperar el acuerdo impulsado por Yahuar, los barcos
de bandera china podrían comenzar a descargar sin
mayor trámite en puertos argentinos, en particular Puerto
Madryn y Comodoro Rivadavia, y hasta exportar desde
allí. Hasta el momento cuando completan su bodega,
la trasbordan en alta mar hacia cargueros o se dirigen hacia
Montevideo, Uruguay, el único puerto del Mercosur
que los recibe, distante a unos 1000 km de la Patagonia.
En este sentido, el acuerdo implica allanar el camino a
una flota que opera en desigualdad de condiciones, incursionando
ilegalmente en aguas nacionales y compitiendo
con costos mucho más bajos con la flota argentina
por el calamar Illex.
Referentes del sector pesquero patagónico han reaccionado
denunciando esta situación, y la respuesta de Yahuar
no se hizo esperar:”Tengo en el suelo alrededor de 20 mil
personas ligadas a la pesca, de los cuales muchos son de
la estiba, muchos de plantas de servicios, de transporte,
de combustible, de reparaciones, astilleros montados en
el sur. La flota potera argentina se mueve un promedio de
tres meses al año en el sur y cuando no les convienen los
costos se van. ¿Cómo pueden mantenerse entonces esos
puertos? Devuélvanme los permisos de pesca si no tienen
ningún interés y yo se los voy a dar a quienes cumplan
con las normativas que hay, porque al Gobierno le interesa
como política de desarrollo mantener operativa determinada
cantidad de puertos”, declaraba recientemente
el subsecretario de pesca argentino, en otro desplante
de los muchos que últimamente lo enfrentan con el empresariado
patagónico.
La respuesta de los poteros del sur, como contraparte, se
ha dirigido a la igualdad de condiciones y a eliminar las
desventajas en la competencia en caso de que la presencia
de la flota China en la Argentina se haga efectiva. Para
poder pescar fuera y dentro de la ZEE, dicen los poteris,
habría que eliminar las desventajas en la competencia
y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas
nacionales, que deben pagar cargas sociales, gra-
vámenes sobre combustibles y materias grasas, controles
en el tamaño de calamar y respeto de vedas. Una de las
propuestas locales ha sido eliminar los derechos de exportación
para las emrpesas que salgan fuera de la ZEE,
como ha hecho Islandia para zanjar el problema de la competencia
en la zona adyacente a aguas jurisdiccionales.
Por último, otro de los ejes para el rechazo del acuerdo está
relacionado con la condiciones laborales del personal
embarcado en los barcos chinos, del que se sospecha que
no cumple con las normas de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y que opera en condiciones extremas
de esclavitud, según algunos referentes del sector
que vienen denunciando la problemática del calamar.
Rechazo parlamentario
internacional
El Acuerdo en materia de cooperación pesquera con china
ha cosechado dos pedidos de explicaciones y citación
al Congreso para el subsecretario yahuar. Tanto el diputado
Gabriel Macaluse como la diputada Patricia Bullrich,
por separado, citaron al subsecretario de Pesca con
el fin de que aclare por qué se incluyó “una falsa reciprocidad
que permitirá que los buques chinos que operan en
zona adyacente a nuestra ZEE pueden disminuir aún más
sus costos al permitírseles ingresar a nuestros puertos para
cargar combustible o transferir sus capturas mientras
que ningún armador nacional opera ni tiene pensado operar
en aguas adyacentes a la ZEE china”, inquiría el diputado
Macaluse,que demandó también información sobre
el número de barcos chinos que operaban en la milla
201, cuántos eran poteros, cuál era su captura y cuál era
el impacto económico sobre las exportaciones del illex para
los armadores argentinos.
Por su parte, la diputada Bullrich demandó informes al
ejecutivo, que tampoco fueron facilitados, basándose en
“denuncias de los empresarios”. La representante en de
la Cámara Baja asegura que “los armadores poteros nacionales
verán afectada su rentabilidad” y asegura que
el viaje de Yahuar a China “confirma la voluntad argentina
de facilitar la pesca de los buques chinos sobre
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