Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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Las Comunidades señalaron que, habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo II, el
funcionamiento de dichos organismos no podía tener por efecto asegurar una protección superior a
la prevista en la Lista de concesiones arancelarias del Canadá. De conformidad con el párrafo 4
del artículo II, una concesión sobre el nivel de protección del monopolio quedaba comprendida en
las concesiones arancelarias, y la aplicación por los organismos provinciales de comercialización
de bebidas alcohólicas de aumentos de precio superiores para la cerveza, los vinos y las bebidas
destiladas de importación que para los productos nacionales similares, constituía, por tanto, una
imposición de cargas adicionales a la importación y vulneraba las consolidaciones arancelarias. El
hecho de que se aplicaran aumentos discriminatorios del precio de importación además de los
derechos de aduana consolidados daba lugar a la presunción de que regían niveles de protección
equivalentes a la diferencia de aumento y era, por ende, contrario a las disposiciones del párrafo 4
del artículo II.
3.8 El Canadá admitió sin reservas que "... autoriza, de hecho o de derecho, un monopolio de
importación" de toda bebida alcohólica en virtud de la Ley sobre la importación de bebidas
alcohólicas. Sin embargo, la Constitución facultaba a las provincias para controlar la oferta y
distribución de bebidas alcohólicas dentro de sus respectivas fronteras. A juicio del Canadá, las
provincias habían respetado plenamente las disposiciones del párrafo 4 del artículo II en lo
concerniente a la aplicación de aumentos de precio. En primer lugar, tanto el mencionado párrafo
como su nota interpretativa se referían a la posibilidad de un acuerdo como el que representaba la
Declaración de Intenciones de 1979, que sólo debía llegar a su plena aplicación al final de 1987 y
que permitía la fijación de aumentos de precio diferenciales. En segundo lugar, la historia de la
redacción del párrafo 4 del artículo II daba a entender, en opinión del Canadá, que en el caso de
un monopolio de importación debía entenderse por "margen de beneficio razonable" un margen
que "no fuese tan excesivo que restringiese el volumen del comercio" (véase la sección d)), y el
análisis de las exportaciones de bebidas alcohólicas efectuadas desde 1979 por las Comunidades al
Canadá mostraba claramente un crecimiento apreciable del volumen del comercio.
3.9 Las Comunidades Europeas señalaron que el artículo II preveía la posibilidad de opción
entre la recaudación de un derecho de aduana consolidado y la protección mediante aumentos del
precio de importación. En la medida en que el Gobierno Federal podía haber optado por
compensar mediante una reducción o eliminación de derechos de aduana la protección que otorgaba
a través del aumento de los precios de importación, el Canadá no podía sostener, a juicio de
la CE, que se trataba simplemente de una cuestión de observancia por las provincias del párrafo 4
del artículo II.
3.10 El Canadá sostuvo que nunca había considerado necesario reducir los derechos de aduana
para compensar las diferencias de aumento, por cuanto las medidas federales y provinciales eran
plenamente conformes al Acuerdo General y a la Declaración de Intenciones. Más aún: según su
interpretación, la propuesta significaba que se pediría al Canadá que aplicase tipos de derechos
diferentes a las distintas provincias, en función del aumento diferencial respectivo. El Canadá
adujo que esta fórmula no era factible y que desde el punto de vista administrativo era imposible
hacerla cumplir.
3.11 El Canadá dijo que el intercambio de cartas acerca de la "Declaración de Intenciones de
las Provincias" (véase el anexo) efectuado entre el Gobierno del Canadá y la Comisión de las
Comunidades Europeas el 12 de abril de 1979 representaba un acuerdo en el sentido del párrafo 4
del artículo II. A juicio del Canadá, a tenor de las cláusulas de ese acuerdo las Comunidades
Europeas habían aceptado que las diferencias de aumento de precio en el caso del vino no se
incrementarían por encima de los niveles de 1979 y que las diferencias de aumento aplicables a las
bebidas destiladas responderían únicamente a consideraciones de carácter comercial. En ambos