Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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En estas condiciones, la Comunidad ha dado respuesta favorable a cierto número
de peticiones canadienses de ofertas arancelarias sobre algunos productos agrícolas (bayas,
whisky, jarabe de arce) y ciertos productos pesqueros."
A juicio del Canadá el texto empleado por la propia CE al referirse a los "entendimientos" y
"compromisos" contenidos en la Declaración confirmaba y ponía de manifiesto que la CE aceptaba
desde hacía mucho tiempo los aumentos de precio diferenciales. La delegación presentó las
páginas pertinentes del citado documento.
3.15 Las Comunidades Europeas dijeron que la comunicación citada por el Canadá era un
documento puramente interno. Sostuvieron que el último párrafo citado contenía una evaluación
global de las negociaciones con el Canadá en el sector agrícola, que la cita estaba hecha fuera de
contexto y que no podía entenderse en el sentido de que la Comisión hubiese considerado que la
Declaración constituía una concesión del Canadá en el GATT. El Canadá indicó que había
facilitado el texto completo de dicha comunicación.
3.16 Las Comunidades señalaron que las consolidaciones arancelarias eran objeto de un acuerdo
internacional y sólo podían modificarse por otro acuerdo internacional, claramente celebrado, y no
por una declaración unilateral. Adujeron que todo documento en el cual se dijera que una parte
contratante había renunciado unilateralmente a ciertos derechos debía provenir de la parte cuyos
derechos fueran objeto de la referida renuncia y no de la parte que se declaraba libre de sus
obligaciones normales. A juicio de las Comunidades, se desprendía del párrafo 4 del artículo II y
de su nota interpretativa ("... salvo acuerdo expreso entre las partes contratantes ..."; en la
versión francesa: "... sauf convention expresse entre les parties contractantes ..."; en la versión
inglesa: "... as otherwise specifically agreed ...") que sólo era admisible un acuerdo de naturaleza
contractual por el cual los márgenes de monopolio quedasen expresamente excluidos de las
obligaciones resultantes de una concesión arancelaria. Un acuerdo de esa naturaleza determinaría
un nivel de protección del monopolio que sería distinto del que de otro modo resultaría admisible
jurídicamente en virtud del artículo II y, en consecuencia, afectaría necesariamente a los derechos
dimanantes del GATT, no sólo los de las partes que hubiesen negociado el acuerdo sino también
los de todas las partes contratantes, pues las obligaciones que imponía el párrafo 4 del artículo II
debían aplicarse erga omnes y en conformidad con el principio de la nación más favorecida. En
opinión de la CE, los esfuerzos por resolver discrepancias acerca de la aplicación del Acuerdo
General resultarían más difíciles si siempre fuese necesario, al recibir promesas unilaterales de
corrección de infracciones, responder formalmente declarando que no se aceptaban las promesas y
que no se renunciaba a ningún derecho.
3.17 Las Comunidades Europeas recordaron que la carta del Gobierno canadiense de 5 de abril
de 1979, con la cual se remitió la Declaración, subrayaba que ésta era necesariamente de
naturaleza no contractual y representaba un compromiso positivo de seguir ciertas políticas y prácticas,
y que se consideraba una contribución valiosa para llegar a un arreglo en esta esfera entre el
Canadá y la Comunidad. El Gobierno del Canadá había simplemente aceptado servir de vía de
comunicación con los gobiernos extranjeros y sólo había empleado sus buenos oficios con las
autoridades de las provincias en relación con la aplicación de la Declaración. No había en ésta ni
en la carta que la acompañaba indicación alguna de la intención de llegar a un acuerdo sobre la
exclusión de los márgenes de monopolio de las obligaciones previstas en el párrafo 4 del
artículo II, ni sobre otras obligaciones vinculantes y exigibles con respecto a esos márgenes. En
su respuesta, por carta de la misma fecha, la Comisión se había circunscrito a acusar recibo de la
carta antes mencionada sin repetir el contenido de la Declaración de Intenciones ni referirse de
otro modo a ella. A juicio de la CE, la conclusión de un acuerdo en forma de intercambio de
cartas requería habitualmente que en las cartas de ambas partes se repitiera el contenido del
acuerdo. En una nueva carta, de fecha 29 de junio de 1979, la Comisión había comentado la