Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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Carta para una Organización Internacional de Comercio, era necesario tomar en cuenta las
medidas adoptadas por otro nivel de gobierno en un Estado Federal; ii) varios países no estarían
en condiciones de aprobar el Acuerdo General si esas medidas adoptadas a nivel local originaran
una infracción directa de las obligaciones fundamentales que imponía el Acuerdo General al
gobierno nacional que era parte contratante; y, por consiguiente, iii) era preciso contraer una
obligación separada para tratar de dar cabida a ese caso especial, y dicha obligación debía abarcar
todo el Acuerdo. Esa obligación separada era la contenida en el párrafo 12 del artículo XXIV.
El Canadá argumentó además que esta opinión se veía reforzada por las propuestas formuladas en
la Conferencia de La Habana para ampliar aún más el alcance de la obligación consagrada en el
párrafo 12 del artículo XXIV mediante la siguiente adición: "Cada miembro ... será responsable
de todo acto u omisión contrarios a las disposiciones de la presente Carta por parte de cualquiera
de esos gobiernos o autoridades" (es decir, los regionales o locales). Esta enmienda se propuso
dos veces y fue dos veces retirada, ya que varias delegaciones no podían aceptarla
( E / C O N F . 2 / C . 6 / 1 2 , p á g i n a 2 8 * ; E / C O N F . 2 / C . 6 / 4 8 / R e v . 1 , p á g i n a 4 * ;
E/CONF.2/C.6/12/Add.18, página 1*; E/CONF.2/C.6/SR.32, página 5*). A juicio del Canadá,
ello indicaba claramente que las delegaciones aceptaban que, según la naturaleza precisa de los
regímenes constitucionales de que se tratase, la obligación de una parte contratante con respecto a
las medidas adoptadas a otros niveles de gobierno no incluía necesariamente la responsabilidad
directa por dichas medidas desde el punto de vista de las obligaciones básicas impuestas por el
Acuerdo General sino más bien la responsabilidad dimanante del párrafo 12 del artículo XXIV.
EL Canadá observó que esta posición se había visto reforzada por la declaración de la delegación
canadiense en La Habana (recogida en un documento del Gobierno del Canadá, titulado "Informe
de la delegación del Canadá a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo
celebrada en La Habana" (13 de julio de 1948).
3.60 El Canadá señaló a continuación que el Acuerdo General era un contrato que preveía un
equilibrio general y que en el presente caso este equilibrio residía en el párrafo 12 del artículo
XXIV. El Canadá sólo consideraba necesario y adecuado examinar la naturaleza y alcance de sus
obligaciones en virtud del párrafo 12 del artículo XXIV en el caso en que el Grupo Especial
constatase que las medidas provinciales no observaban algunas disposiciones del Acuerdo General.
El Canadá indicó que la redacción del párrafo 12 del artículo XXIV introducía el concepto de la
"observancia" de las demás disposiciones del Acuerdo General por los gobiernos regionales o
locales y estimó que la falta de observancia por parte de otro nivel de gobierno no entrañaba, por
sí sola, la transgresión de una obligación de la parte contratante y representaba un concepto
distinto e importante del Acuerdo General. En opinión del Canadá, el párrafo 12 del artículo
XXIV limitaba la aplicabilidad de otras disposiciones del Acuerdo General porque, de lo
contrario, el párrafo quedaría desprovisto de su contenido práctico. Esto significaba que las
medidas provinciales, aun cuando no observaran el Acuerdo General, no podían considerarse
incompatibles con éste y, por consiguiente, no constituían por sí solas una base de presunción de
anulación o menoscabo.
3.61 Las Comunidades Europeas respondieron que la interpretación según la cual el párrafo 12
del artículo XXIV limitaba la obligación de los Estados federales de conseguir la aplicación de las
disposiciones del Acuerdo General no significaba que el artículo era superfluo. Observaron que
en casos anteriores las PARTES CONTRATANTES siempre habían resuelto que debían
suprimirse las medidas juzgadas incompatibles con el Acuerdo General y que no se debía proceder
a la compensación sino en el caso de que no fuese factible anular inmediatamente esas medidas, y
como solución provisional hasta su supresión (IBDD, 26S/235, párrafo 4). Según el criterio de la
aplicación, la reparación se limitaría al derecho subsidiario a la compensación, en espera del
resultado de las medidas razonables adoptadas de conformidad con el párrafo 12 del artículo
XXIV. Las Comunidades Europeas estimaron que esta fórmula respetaba el objetivo del párrafo
12 del artículo XXIV de evitar situaciones en las que un gobierno estuviera obligado a adoptar