Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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del artículo XI. El Grupo Especial no consideró necesario en esta etapa hacer un análisis fáctico y
detallado de las restricciones en materia de puntos de venta ni de las prácticas discriminatorias en
materia de inclusión/exclusión de productos en las listas aplicadas por los distintos organismos
provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas.
4.26 El Grupo Especial examinó seguidamente la afirmación de las Comunidades Europeas de
que las prácticas objeto de la reclamación eran contrarias al artículo III. El Grupo Especial
observó que el Canadá no consideraba que el artículo III fuera pertinente para este caso, argumentando
que la nota interpretativa a los artículos XI, XII, XIII, XIV y XVIII dejaba claro que las
disposiciones que no fuesen las del artículo XVII sólo se aplicaban a las empresas comerciales del
Estado si contenían una referencia expresa en ese sentido. El Grupo Especial consideró que no
era necesario decidir en este caso particular si las prácticas objeto de la reclamación eran
contrarias al párrafo 4 del artículo III, porque ya había llegado a la conclusión de que eran
incompatibles con el artículo XI. Sin embargo, el Grupo Especial consideró que era muy fuerte el
argumento de que el párrafo 4 del artículo III era también aplicable a las empresas comerciales del
Estado, por lo menos cuando estaban unidos el monopolio de la importación y el de la
distribución en los mercados internos, como sucedía con los organismos provinciales de
comercialización de bebidas alcohólicas en el Canadá. Esta interpretación estaba confirmada a
contrario por el texto del párrafo 8 a) del artículo III.
4.27 El Grupo Especial pasó luego a estudiar la pertinencia del artículo XVII y, en particular,
la afirmación de las Comunidades Europeas según la cual las prácticas en examen infringían la
obligación de trato nacional enunciada en el párrafo 1 de dicho artículo. Al respecto observó que
dos grupos especiales habían examinado precedentemente cuestiones relacionadas con ese párrafo.
En el informe del Grupo Especial sobre los subsidios familiares aplicados por Bélgica (IBDD,
1S/60) se había indicado que "en cuanto a la excepción prevista en el párrafo 2 del artículo XVII,
al parecer ella sólo se refiere al principio enunciado en el párrafo 1 de este artículo, esto es, a la
obligación de efectuar las compras ateniéndose a consideraciones de carácter comercial, y no se
hace extensiva a las cuestiones objeto del artículo III". A juicio del Grupo Especial que había
estudiado la aplicación de la Ley canadiense sobre el examen de la inversión extranjera (IBDD,
30S/177), "es muy fuerte ... el argumento del Canadá de que en el ámbito del principio general
mencionado en el párrafo 1 a) del artículo XVII sólo tienen cabida las obligaciones de nación más
favorecida y no las de trato nacional". El Grupo Especial consideró, sin embargo, que en el caso
particular a él sometido no había necesidad de decidir si las prácticas objeto de la reclamación
eran contrarias al artículo XVII, puesto que había constatado ya que eran incompatibles con el
artículo XI.
4.28 El Grupo Especial recordó la afirmación del Canadá de que la Ley de 1928 sobre la
importación de bebidas alcohólicas constituía una legislación vigente en el sentido del párrafo 1 b)
del Protocolo de Aplicación Provisional, según el cual la Parte II se aplicaba en toda la medida
que fuese compatible con la legislación vigente. El Grupo Especial observó que en agosto
de 1949 las PARTES CONTRATANTES habían decidido que este párrafo sólo se refería a la
legislación de carácter imperativo (IBDD, II/62), decisión que había sido confirmada luego en
numerosas ocasiones, y recientemente en 1984 (IBDD, 31S/97). El Grupo Especial concluyó que
la Ley relativa a la importación de bebidas alcohólicas no contenía disposiciones imperativas sobre
restricciones de puntos de venta y prescripciones discriminatorias para la inclusión en las listas.
4.29 El Grupo Especial deseaba poner de relieve que ninguna de sus conclusiones relativas a
las restricciones en materia de puntos de venta e inclusión discriminatoria en las listas afectaba al
derecho del Canadá de recurrir a monopolios de importación para fines previstos en el Acuerdo
General, tales como la protección de la salud de la población (artículo XX), a condición de que lo
hiciera de manera compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo General.