Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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3.24 El Canadá no estaba de acuerdo en que la existencia de diferencias de aumento de precio
entre los productos importados y los nacionales diera lugar a una presunción de proteccionismo.
En primer lugar, mientras los productores de vino del país eran responsables del transporte de sus
productos a los almacenes, los organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas
eran responsables de la entrega a los almacenes de los productos importados. El hecho de que en
algunas provincias canadienses hubiera que recorrer grandes distancias significaba que los gastos
relacionados con el transporte y la distribución de los productos importados eran considerables y
que las provincias trataban de resarcirse de ellos mediante las políticas de precios. El Canadá dijo
también que los organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas, consecuentes
con la práctica de las empresas comerciales privadas, cobraban lo que consideraban que podía
soportar el mercado. Como los organismos de comercialización de bebidas alcohólicas vendían
los productos importados como productos de categoría superior, era normal que esos productos
tendieran a alcanzar precios elevados. El Canadá señaló que en la propia Declaración de
Intenciones se daba una explicación de los diversos diferenciales que se observaban entre las
distintas provincias en materia de aumento del precio. Por ejemplo, en la disposición de la
Declaración sobre el aumento del precio de los vinos se preveía que se congelara la diferencia a
los niveles de 1979 (con la excepción de los incrementos que se justificaran desde el punto de
vista comercial). El Canadá afirmó que, de esta forma, la CE había accedido a que se permitiera
a los monopolios provinciales establecer una diferencia entre productos importados y productos
nacionales. El Canadá recordó que en la Declaración no había ningún compromiso sobre la
cuestión de los aumentos del precio de la cerveza, aun cuando en 1979 existían en este sector
aumentos diferenciales y éstos eran bien conocidos por los interlocutores comerciales del Canadá
en el momento en que se negoció la Declaración. El Canadá estimaba que la justificación de
ciertos incrementos aislados de las diferencias de aumento por encima de los niveles de 1979 ya se
había proporcionado anteriormente a la CE, y se ponía ahora a disposición del Grupo Especial.
3.25 En cuanto a las variadas diferencias de aumento que se aplicaban en las distintas
provincias, el Canadá indicó que en el país había diez sistemas provinciales independientes, cada
uno de ellos con sus propios costos y objetivos, y que existían importantes divergencias regionales
en cuanto a las tendencias del consumo. Además, el propio texto de la Declaración explicaba por
qué existían en el país distintas diferencias de aumento de precios.
3.26 Las Comunidades Europeas respondieron que el argumento del "margen de beneficio
razonable" no podía justificar la aplicación a los productos importados de aumentos de precio
generalmente superiores a los que se aplicaban a los productos nacionales. A juicio de las
Comunidades, el criterio para juzgar si un margen era o no razonable no podía basarse en el
origen de los productos. La expansión real de las exportaciones de las Comunidades al Canadá y
de su participación en el mercado canadiense tampoco guardaba ninguna relación con la noción de
un "margen de beneficio razonable". A juicio de la CE, esa expansión no indicaba lo que habría
ocurrido si no hubieran existido las diferencias de aumento de precios. Las Comunidades
sostuvieron que el Canadá no había proporcionado pruebas de que se ajustara al requisito de un
"margen de beneficio razonable" y no había indicado cuál era la base sobre la cual se calculaban
los márgenes de beneficios.
3.27 El Canadá dijo que también aportaba una justificación comercial de la existencia de dichas
diferencias basándose, en particular, en la historia de la redacción del párrafo 4 del artículo II. El
Canadá afirmó que teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 31 de la Carta de La Habana,
en particular su párrafo 4, las provincias no habían aplicado una protección superior a la que se
permitía en virtud del párrafo 4 del artículo II. El Canadá dijo, en primer lugar, que los
diferentes aumentos de los precios que se aplicaban en cada una de las provincias reflejaban por lo
general los gastos de transporte, de distribución y otros gastos asignables a la compra, así como
un margen de beneficio razonable, que, con arreglo al párrafo 4 del artículo 31 de la Carta de La