Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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Canadá; ii) autorización de la venta de bebidas importadas en menos comercios minoristas que
los autorizados a vender bebidas de producción nacional; y iii) restricciones del acceso a las
listas, que limitaban el número de marcas de productos importados que podían venderse.
3.86 Diversos gobiernos provinciales del Canadá seguían las prácticas en cuestión, con algunas
variaciones entre las provincias. Estas actuaban a través de los organismos provinciales de
comercialización de bebidas alcohólicas, que se hallaban bajo el control de los gobiernos
provinciales. Si bien el Canadá había sostenido anteriormente que dichos organismos eran
empresas comerciales del Estado, a juicio de los Estados Unidos éstos se hallaban de hecho bajo
el control de los gobiernos provinciales, que nombraban a las autoridades de los organismos y
que, en la "Declaración de Intenciones de las Provincias" de 1979, asumían la responsabilidad de
las prácticas seguidas por los organismos. Los Estados Unidos argumentaban que, por
consiguiente, las prácticas en examen debían considerarse prácticas gubernamentales y no de una
empresa del Estado en el sentido del artículo XVII.
3.87 En opinión de los Estados Unidos, los tres tipos de restricciones antes mencionados eran
incompatibles con el artículo III del Acuerdo General por cuanto los productos importados
recibían un trato menos favorable que los productos nacionales. Además, podía considerarse que
los aumentos más altos aplicados infringían el artículo II y el artículo XI, pues suponían una carga
adicional sobre las importaciones, por encima de los aranceles canadienses consolidados, y
constituían una limitación cuantitativa de facto de las importaciones. Los Estados Unidos estaban
convencidos además de que muchas de las prácticas provinciales de confección de listas infringían
los artículos primero y XIII del Acuerdo General, puesto que los organismos provinciales de
comercialización de bebidas alcohólicas permitían incluir en las listas un número
proporcionalmente menor de vinos estadounidenses que de otros vinos importados. Por último,
los Estados Unidos consideraban que todas estas restricciones menoscababan las ventajas
resultantes de las concesiones arancelarias otorgadas por el Canadá en el GATT.
3.88 Con respecto a la política de aumentos del precio del vino, los Estados Unidos expresaron
especial preocupación por las prácticas de Ontario, Quebec, Columbia Británica, Saskatchewan,
Manitoba y Alberta. Facilitaron datos estadísticos que hacían pensar que en las provincias
mencionadas los productos importados eran objeto de un aumento mayor que los productos de la
provincia u otros productos canadienses. Los Estados Unidos tenían análogas inquietudes acerca
de los aumentos discriminatorios del precio de la cerveza y otras bebidas alcohólicas en todas las
provincias.
3.89 En opinión de los Estados Unidos dichos aumentos discriminatorios, impuestos por
organismos estatales, infringían el párrafo 2 del artículo III, por cuanto constituían una carga
superior aplicada a la venta de productos importados. También eran incompatibles con el párrafo
4 de dicho artículo, pues la exigencia de aumentos superiores para los productos importados que
para los productos similares producidos en la provincia representaba evidentemente un trato menos
favorable para los productos importados que para los productos nacionales similares. El hecho de
que en algunos casos los organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas
también hiciesen discriminación en perjuicio de productos análogos de otras provincias
canadienses no eximía dichas medidas de las disposiciones del artículo III, ya que no era posible
eludir las obligaciones impuestas por el Acuerdo General en su artículo III por el hecho de
someter parcialmente a discriminación otros productos nacionales.
3.90 Los Estados Unidos consideraban que otro criterio podía ser el de considerar los aumentos
como una forma de carga a la importación, habida cuenta de que los organismos provinciales que
los establecían también tenían un monopolio de la importación de los productos en las provincias
respectivas. De ese modo, los aumentos eran incompatibles con el artículo II, párrafos 1 b) y 4.