Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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Como los Estados Unidos no habían tenido oportunidad de oír las posiciones de las partes sobre
este particular, no sabían por cuál de los dos criterios se inclinarían el Grupo Especial o las
partes, pero a su juicio estas prácticas infringían claramente el Acuerdo General, ya se
considerasen a la luz del artículo II o en el marco del artículo III.
3.91 Los Estados Unidos señalaron que, en sus conversaciones bilaterales con el Canadá, los
canadienses habían aducido en algunas ocasiones que los aumentos más altos del precio de las
importaciones se justificaban por el menor volumen de venta al por menor de los productos
importados, lo que a su modo de ver suponía un costo unitario más alto de manipulación que
debía trasladarse al consumidor canadiense. Sin embargo, según el parecer de los Estados
Unidos, el menor volumen de ventas resultaba de las restricciones impuestas a las importaciones;
era poco probable que, en ausencia de esas restricciones, todas las importaciones se vendiesen en
pequeños volúmenes y todos los productos nacionales en grandes volúmenes como para justificar
la discriminación arbitraria ejercida por los gobiernos provinciales.
3.92 Los Estados Unidos señalaron que los organismos provinciales de control de las bebidas
alcohólicas delegaban la venta al por mayor de la cerveza en las cervecerías locales, que actuaban
como agentes de distribución. En algunas provincias la cerveza podía venderse en las tiendas de
alimentos. La cerveza importada, sin embargo, sólo podía venderse en las tiendas del organismo
de control de bebidas alcohólicas (alrededor de un 10 por ciento del sistema de distribución) y
únicamente después de que se hubiera permitido su inclusión en una lista. Preocupaban en
particular a los Estados Unidos las "tiendas de cerveza fría" de Columbia Británica y los puntos
de venta de vinos en Columbia Británica y Quebec. En Quebec, los vinos nacionales
embotellados podían venderse en las tiendas de comestibles, pero no la mayoría de los vinos
importados. En ellas sólo podía venderse el vino importado a granel y embotellado en Quebec.
En Columbia Británica no estaba permitido vender vinos embotellados importados en ciertos tipos
de comercios, autorizados en cambio a vender vinos producidos en Columbia Británica. En
opinión de los Estados Unidos, esas restricciones a la distribución de productos importados frente
a los productos nacionales similares infringía claramente el párrafo 4 del artículo III, por cuanto
representaban un trato más favorable para los productos nacionales que para los productos
similares importados.
3.93 Con respecto al número de vinos estadounidenses admitidos en las listas, los Estados
Unidos observaron que los productos de las provincias podían incluirse automáticamente en ellas
pero no los importados y que las políticas de confección de listas impedían la competencia entre
todas las procedencias. Dijeron los Estados Unidos que en general era menor el número de vinos,
otras bebidas alcohólicas y cerveza de origen estadounidense admitidos en las listas y aportaron
pruebas estadísticas de ello. A juicio de los Estados Unidos, estas políticas en materia de listas
eran incompatibles con el párrafo 4 del artículo III por cuanto reservaban a los productos
importados un trato menos favorable que a los productos nacionales. Estas políticas también
infringían los artículos I y XIII porque el trato recibido por los vinos estadounidenses era menos
favorable que el dado a otros vinos importados. Si bien en este punto la reclamación de los
Estados Unidos difería de la de la CE, los Estados Unidos indicaron que la observancia del
artículo III por el Canadá traería consigo un mejoramiento del trato de los vinos tanto para los
Estados Unidos como para la CE.
3.94 Los Estados Unidos recordaron que el Canadá había sostenido en el pasado que las
provincias tenían el control de la importación y venta de bebidas alcohólicas y que la única
obligación del Gobierno Federal canadiense con respecto a los asuntos de jurisdicción provincial
era tomar "las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que [las autoridades de las
provincias] observen las disposiciones" del Acuerdo General. El argumento del Canadá implicaba
que el Gobierno Federal no podía hacer nada con respecto a prácticas de discriminación flagrante