Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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delegación del Canadá decía a continuación: "Conviene señalar que, aunque una medida esté "al
alcance" del gobierno (por ejemplo, en virtud de la Constitución o, en el caso del Canadá, en
virtud de la British North America Act [ahora la Ley Constitucional de 1967], puede no ser
"razonable". En ese caso, el miembro no tiene ninguna obligación de adoptar una medida que él
mismo considere irrazonable." El Canadá recordó la opinión que había expresado con ocasión de
la elaboración de la Carta de La Habana -y que seguía manteniendo- de que ninguna parte
contratante estaba obligada a adoptar cualquier medida que considerara irrazonable.
Evidentemente medidas "razonables" significaba algo menos que "todas las medidas a que pueda
recurrir" la autoridad federal o "todas las medidas necesarias". El Canadá aceptaba que debía
tomar las medidas que pudieran ser razonables, dadas las circunstancias, para intentar convencer a
las provincias de que observaran las disposiciones del Acuerdo General en las políticas y prácticas
de sus organismos provinciales de comercialización de bebidas alcohólicas. Sugirió también que,
al aplicar esa norma, serían útiles las siguiente orientaciones de carácter general:
a) La adopción de medidas razonables implicaba que la parte contratante se
esforzara, de buena fe y con diligencia, en lograr que se observara el Acuerdo General;
b) no cabía duda de que lo "razonable" variaba según las circunstancias de hecho en cada
caso; c) entre esas circunstancias, era primordial la naturaleza general de la federación
de que se tratara y, en particular, el grado de autonomía de que gozaran, de hecho y de
derecho, los gobiernos regionales y locales dentro de la Federación, y las prácticas
constitucionales que ésta adoptara para coordinar sus asuntos internos; d) por estas
razones, las "medidas razonables" eran medidas compatibles con el funcionamiento
político normal de una federación y entre ellas no se incluían aquellas que se considerarían
excepcionales o extraordinarias en ese contexto; e) debían tenerse en cuenta la naturaleza
y los efectos de la inobservancia sobre el equilibrio de derechos y obligaciones resultante
del Acuerdo General.
3.70 En opinión del Canadá, en este caso las "medidas razonables" significaban lograr que las
provincias se ajustaran a sus obligaciones con arreglo a la Declaración de Intenciones. El Canadá
declaró que, desde 1979, el Gobierno Federal había estado en constante contacto con las
autoridades provinciales en numerosísimas ocasiones para examinar los progresos de las provincias
en la aplicación de la Declaración. Desde 1979 se habían recibido también numerosas
comunicaciones de los interlocutores comerciales del Canadá y, en cada caso, el Canadá había
hecho uso de sus buenos oficios en la preparación de la respuesta. Por otra parte, a juicio del
Canadá, la extensa información acerca de la adhesión provincial a la Declaración de 1979
proporcionada por las provincias y presentada al Grupo Especial sugería que las provincias se
ajustaban en general a la Declaración. El Canadá reconoció que, en un número reducido de
casos, eran aún necesarios algunos otros cambios para adaptar a éstas determinadas prácticas, pero
existían compromisos de llevar totalmente a cabo esa adaptación antes de la fecha en que debía
aplicarse plenamente la Declaración (es decir, el 31 de diciembre de 1987).
3.71 Las Comunidades Europeas alegaron que una medida razonable que podía tomar el poder
legislativo federal era sancionar legislación por la que se exigiera a las provincias que respetaran
las obligaciones del Canadá con arreglo al Acuerdo General. No obstante, el Canadá ni siquiera
había adoptado las medidas que el Gobierno Federal tenía claramente a su alcance para eliminar
las violaciones de las concesiones arancelarias o, por lo menos, atenuar su importancia, por
ejemplo, la reducción de los derechos de aduana percibidos en la frontera. A juicio de las
Comunidades Europeas, esos derechos, junto con la imposición de aumentos del precio de
importación, constituían una protección que excedía de la prevista con arreglo a las concesiones
arancelarias otorgadas por el Canadá y era incompatible con el artículo II.