Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

- 8 -
artículo II, y confirmaba y explicitaba la aceptación que desde hacía tiempo prestaban las
Comunidades Europeas a los aumentos diferenciales y a otras prácticas de los organismos de
comercialización de bebidas alcohólicas que establecían una diferencia entre los productos
nacionales y los importados; ii) la diferencia de aumento de precio entre los productos importados
y los nacionales se justificaba en general por "consideraciones de carácter comercial" y por un
"margen de beneficio razonable"; iii) las provincias no habían aplicado una protección mayor que
la autorizada en virtud del párrafo 4 del artículo II y iv) los aumentos de precio diferenciales
constituían una política de larga data, anterior a la adhesión del Canadá al Acuerdo General.
3.3 El Canadá consideraba también que respetaba en todo las prescripciones de los artículos
III, XVII y XI del Acuerdo General. Con respecto al artículo III el Canadá señaló que i) era
aplicable a los productos "importados", es decir, los productos despachados de la aduana, y no a
la "importación" de productos; ii) no abarcaba los aumentos de precio impuestos por los
organismos de comercialización de bebidas alcohólicas, por cuanto de estos aumentos trataba
expresamente el párrafo 4 del artículo II; iii) no era aplicable a empresas comerciales del Estado
como los organismos de comercialización de bebidas alcohólicas, habida cuenta de las
disposiciones más específicas enunciadas al respecto en el artículo XVII, y iv) eran admisibles en
virtud del artículo III las cargas interiores diferenciales resultantes de los costos comerciales
diferentes de los productos importados. El Canadá señaló también que las otras prácticas
comerciales mencionadas por la CE no podían considerarse prescripciones "reglamentarias"
comprendidas en el artículo III. El Canadá afirmaba que no eran aplicables en virtud del Acuerdo
General a las empresas comerciales del Estado las obligaciones de trato nacional por no ser
pertinente al respecto el artículo III a causa de las disposiciones del artículo XVII, en el que se
enunciaba la única obligación relacionada con el comercio de Estado, a saber, otorgar el trato de
la nación más favorecida. Por último, el Canadá sostenía que había cumplido plenamente las
disposiciones del artículo XI por cuanto las prácticas de los organismos de comercialización de
bebidas alcohólicas: i) eran medidas provinciales y no medidas adoptadas por el Canadá, ii) eran
medidas aplicadas a los productos "importados" y no a la "importación" de productos y iii) eran
conformes a la Declaración de Intenciones. El Canadá recordó que las provincias canadienses
tenían la facultad constitucional de controlar el suministro y distribución de bebidas alcohólicas
dentro de sus fronteras respectivas y señaló que los interlocutores comerciales del Canadá
conocían desde hacía tiempo la limitación que imponía la Constitución al Gobierno Federal
respecto de la firma de tratados en general, y en particular respecto de los acuerdos relativos al
sector de las bebidas alcohólicas. Indicó el Canadá que el marco normativo aplicable a las
bebidas alcohólicas era anterior a la adhesión del Canadá al GATT y que los interlocutores
comerciales del Canadá habían tenido conocimiento de que toda concesión canadiense en ese
sector se aplicaría dentro de dicho marco. El Canadá entendía que la obligación que le imponía el
Acuerdo General con respecto a las medidas provinciales era la enunciada en el párrafo 12 del
artículo XXIV, a saber: "tomar las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que,
dentro de su territorio, los gobiernos o autoridades regionales o locales observen las disposiciones
del presente Acuerdo". Observó el Canadá que las prácticas en cuestión de los organismos de
comercialización no eran controladas por el Gobierno Federal sino por los gobiernos provinciales.
Si el propósito hubiera sido considerar como una violación automática y directa de una disposición
concreta del Acuerdo General por un Estado federal una medida adoptada a otro nivel de
gobierno, carecería de significado práctico la obligación enunciada en el párrafo 12 del
artículo XXIV. El Canadá consideraba que había cumplido en todo las obligaciones que le
incumbían en virtud de dicho párrafo y, por ende, en virtud del Acuerdo General. A juicio del
Canadá las estadísticas del comercio mostraban claramente que no se había anulado ni
menoscabado el acceso de la CE al mercado canadiense y que desde 1979 se registraba un
aumento sustancial de las exportaciones de bebidas alcohólicas de la CE al Canadá.