Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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interpretativa a los artículos XI, XII, XIII, XIV y XVIII demostraba que sólo en virtud de una
referencia expresa se aplicaban otras disposiciones del Acuerdo General a las empresas
comerciales del Estado. A juicio del Canadá, esta nota sería inútil si todas las disposiciones del
Acuerdo General tuvieran que aplicarse a las empresas comerciales del Estado. Además, si todas
las disposiciones del Acuerdo General debieran aplicarse igualmente a las empresas comerciales
del Estado, ello significaría que el artículo XVII era inútil. El Canadá estimaba que sin duda no
era ese el caso. El Canadá rechazó por improcedente la referencia de la CE al informe del Grupo
Especial que estudió la aplicación de la Ley canadiense sobre el examen de la inversión extranjera
porque, a su juicio, el Grupo Especial no examinaba el funcionamiento de las empresas comerciales
del Estado. El Canadá observó también que a la luz del párrafo 8 del informe del Grupo
Especial sobre la notificación de las empresas comerciales del Estado (IBDD, 9S/193) y del
párrafo 4 del informe del Grupo Especial sobre los subsidios familiares belgas (IBDD, 1S/60) las
actividades de las empresas comerciales, caso de los organismos de comercialización de bebidas
alcohólicas, no tenían por qué ajustarse al artículo III. El Canadá recordó también que en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo no se había expresado ningún
desacuerdo en cuanto a la interpretación del artículo 31 (léase artículo XVII) según la cual las
disposiciones del capítulo V, que incluían las de trato nacional, "no serían de aplicación" en el
caso de las empresas del Estado (E/PC/T/SR/15, páginas 6 y 7*).
3.48 Las Comunidades Europeas sostuvieron que el artículo XVII no excluía la aplicación del
artículo III, sino que imponía algunas obligaciones adicionales con respecto a las compras y ventas
efectuadas por las empresas comerciales del Estado. El objetivo del artículo XVII consistía en
someter las operaciones de las empresas comerciales del Estado a determinadas normas que no se
aplicaban a las empresas privadas, pero indudablemente sin el propósito de privilegiar a esas
empresas y de eximir a las partes contratantes de sus demás obligaciones en lo que se refería al
funcionamiento de las empresas comerciales del Estado. Las Comunidades observaron que las
disposiciones del artículo III, y en particular la prescripción sobre el trato nacional enunciada en el
párrafo 4, se aplicaban a todas las leyes, reglamentos y prescripciones que regían las actividades
comerciales de los organismos gubernamentales fuera del campo de aplicación del párrafo 8 a).
Las Comunidades sostuvieron también que la nota interpretativa a los artículos XI, XII, XIII, XIV
y XVIII significaba que el artículo XVII no era una lex specialis que eximía al comercio de
Estado de todas las demás disposiciones del Acuerdo General. A juicio de la CE, tanto el informe
de Londres como el informe del Grupo Especial sobre la notificación de las empresas comerciales
de Estado (IBDD, 9S/192) confirmaban que las demás disposiciones del Acuerdo General podían
aplicarse a las actividades de los organismos de comercialización y no establecían la
inaplicabilidad de estas disposiciones en el contexto de los organismos de comercialización que
compraban y vendían. En opinión de la Comunidad, el artículo XVII, por su carácter subsidiario,
se aplicaba únicamente en el grado en que las medidas aludidas no quedaban comprendidas en
otras disposiciones del Acuerdo General. Las Comunidades indicaron que esta opinión también
quedaba confirmada por el párrafo 5.16 del informe del Grupo Especial sobre el asunto "Canadá -
Aplicación de la Ley sobre el examen de la inversión extranjera" (IBDD, 30S/151), que declaraba
lo siguiente: "[El Grupo Especial] no consideró necesario decidir en este caso concreto si la
referencia general al principio de no discriminación contenida en el párrafo 1 del artículo XVII
comprendía también el principio del trato nacional, por cuanto ya había constatado que los
compromisos de compra en examen eran incompatibles con el párrafo 4 del artículo III, que da
aplicación concreta al principio del trato nacional respecto de las prescripciones de compra."
3.49 El Canadá adujo que la afirmación de la CE según la cual existían "obligaciones
adicionales" para las empresas comerciales del Estado tampoco era sustentable a la luz de los
*Páginas de la versión inglesa. Estos documentos no existen en español.